Durante décadas, la vitivinicultura argentina confundió control con tutela y regulación con poder. Mientras Chile decidió temprano que el mercado sería el auditor final y el Estado el garante de reglas, Argentina siguió administrando formularios y sospechas. La eliminación de la obligatoriedad del CIU no es un salto al vacío: es el intento —tardío, pero necesario— de abandonar el expediente como método y asumir, por fin, que el vino se valida en el comercio, no en el escritorio.
Mientras en San Juan 52 bodegas celebran la desregulación del INV como si se tratara del fin de una inquisición medieval, del otro lado de la cordillera la vitivinicultura chilena observa la escena con una mezcla de sorpresa y distancia. No porque Chile sea un paraíso sin controles —no lo es—, sino porque hace más de cuatro décadas tomó una decisión que Argentina todavía discute: separar con claridad el control del proceso productivo del control del mercado.
La diferencia no es ideológica. Es histórica. Y es, sobre todo, estructural.
El momento en que Chile decidió
Chile inició su giro a comienzos de los años ochenta. En plena reconfiguración económica, el Estado chileno sale de la bodega y redefine su rol: deja de fiscalizar cada movimiento interno del productor y concentra su poder donde realmente importa.
Durante esa década se abandona el modelo intervencionista clásico y se construye un esquema nuevo:
- Control sanitario a cargo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
- Custodia de fronteras y exportaciones.
- Regulación estricta del etiquetado, las denominaciones de origen y la composición declarada.
- Trazabilidad comercial y fiscal.
En los años noventa, ya en democracia, ese modelo no se revierte: se perfecciona. Llegan inversiones, se moderniza el viñedo, se profesionaliza la exportación y el vino pasa a ser política de Estado no por regulación interna, sino por marca país.
Resultado: cuatro décadas de reglas estables, previsibles y aceptadas por productores y mercados.
Argentina: el debate que no termina
Argentina eligió otro camino. El INV, creado en 1959, nació con una lógica de control total del proceso productivo: desde la uva hasta el vino terminado. Durante décadas, esa lógica no solo se mantuvo, sino que se profundizó.
Más formularios, más inspecciones, más certificaciones, más presencia estatal dentro de la bodega. El CIU semanal terminó siendo el símbolo de ese modelo: una herramienta estadística transformada en mecanismo de presión administrativa.
Recién en 2024–2025 el debate irrumpe con fuerza. Apoyos sectoriales, rechazos sindicales, amparos judiciales y una Nación que empuja la desregulación como si se tratara de un vacío, cuando en realidad lo que emerge es un cambio de paradigma.
El problema no es el cambio ni el diseño.
El problema es el temor a perder el poder: perder el control de la información, la capacidad de disciplinar al mercado y la intermediación que durante años funcionó como zona de confort para estructuras consolidadas.
Chile: menos Estado en la bodega, más Estado en el mercado
A diferencia de Argentina, Chile no controla cómo se hace el vino: controla si lo que se vende es lo que dice ser. El productor es responsable. Y si miente, la sanción no es un acta administrativa: es comercial, penal y reputacional.
No hay inspectores contando litros en fermentación, pero sí auditorías cruzadas, controles en exportación y un sistema que reconstruye estadísticas a partir de:
- Guías de despacho.
- Declaraciones Juradas administrativas.
- Declaraciones Juradas tributarias.
- Ventas internas y externas.
El dato no desaparece. Se obtiene de otra manera.
El riesgo argentino: confundir alivio con vacío
El reclamo de las bodegas sanjuaninas es comprensible. El INV fue, durante años, un organismo sobredimensionado. Pero el espejo chileno muestra algo clave: desregular no es retirarse, es cambiar el lugar desde donde se controla.
La eliminación de la obligatoriedad del CIU no implica perder control ni información: implica migrar hacia un sistema más moderno, basado en procesos, estándares y responsabilidades claras. La política vitivinícola deja de apoyarse en formularios coercitivos y pasa a estructurarse sobre datos comerciales reales, trazabilidad por resultados y controles inteligentes, alineados con prácticas internacionales que garantizan previsibilidad, transparencia y confianza en el comercio del vino.
Chile no renunció a la información. Argentina corre el riesgo de no saber cómo usarla.
Cuando el cambio incomoda: los intereses que resisten
Aquí aparece la pregunta que explica por qué este proceso genera tanta resistencia. Hay quienes lo sugieren en voz baja, envuelto en tecnicismos; hay quienes lo exponen sin pudor: el conflicto no es técnico ni sanitario, es político, económico y de poder.
Durante años, el CIU fue presentado como garantía de trazabilidad. En los hechos, funcionó como herramienta de control del mercado, al centralizar información sensible sobre volúmenes, movimientos de uva y actores de la cadena.
La eliminación de su obligatoriedad no suprime el instrumento: lo despoja de su carácter coercitivo. Quien necesite el CIU para respaldo comercial, trazabilidad o acuerdos privados puede seguir utilizándolo. Lo que se elimina es la obligación generalizada de cumplir con un trámite que casi la mitad de los productores ya no utilizaba, aun cuando era obligatorio.
Ese dato —incómodo pero revelador— expone una verdad que suele omitirse: la regulación había dejado de ordenar la realidad y había pasado a simular control. Un formulario que no se cumple masivamente no protege al sistema: lo degrada.
La resistencia, entonces, no se explica por el cuidado del vino, sino por la pérdida de una herramienta de poder. Controlar el CIU implicaba controlar información estratégica. Y la información, en mercados concentrados, es una forma de dominación.
A esto se suma otro elemento sensible: la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), una entidad cuyo mandato institucional venció en 2020 y que continúa percibiendo una tasa sectorial de naturaleza cuasi privada. Sin un CIU obligatorio como soporte administrativo, ese mecanismo de recaudación se debilita, dejando al descubierto una relación poco transparente entre regulación, financiamiento y representación.
Desde esta perspectiva, la judicialización no apunta a mejorar la trazabilidad —que puede garantizarse por otros medios modernos y menos invasivos—, sino a conservar estructuras de control, información y recursos.
El contraste con Chile vuelve a ser incómodo: allí ninguna corporación intermedia administra la información estratégica del sector. Los datos los produce el Estado a partir del comercio real, la fiscalización y las exportaciones, no a partir de formularios impuestos en la bodega.
Fortalecer la desregulación y sostener la eliminación de la obligatoriedad del CIU no implica desordenar el sistema. Implica devolverle racionalidad, desplazar el control del papel al mercado y reemplazar la sospecha permanente por responsabilidad efectiva.
La discusión de fondo no es regulación versus desregulación.
Es quién controla la información, para qué y en beneficio de quién.
Competitividad y tiempo perdido
La foto histórica es brutal:
- Chile decidió en los años ochenta qué vitivinicultura quería.
- Argentina, en 2025, todavía discute si el Estado debe estar o no dentro de la bodega.
Chile hoy discute cómo mejorar su sistema.
Argentina discute si cambiarlo.
Esa diferencia temporal explica más que cualquier discurso:
- Chile exporta con previsibilidad.
- Argentina debate con urgencia.
Conclusión incómoda
La desregulación del INV puede ser una oportunidad histórica. Y lo será en la medida en que el sector comprenda que control no es desconfianza, y que la calidad ya no se certifica en un formulario, sino en el mercado.
Chile no es un modelo libertario. Es un modelo institucionalmente inteligente: menos papeles, más consecuencias; menos inspectores, más estándares; menos tutela, más responsabilidad.
La pregunta final ya no es si el INV perseguía.
La pregunta real es otra, y nos involucra a todos:
¿Estamos preparados, como actores del sistema, para cuidar al vino argentino cuando el problema deje de estar en la bodega y pase a estar, definitivamente, en el mercado?
