Un acueducto invisible, una deuda gigantesca y un gobierno que responde con silencio. Mientras todos miran para otro lado, solo Arancibia empuja la verdad cuesta arriba.
En San Juan ya existe una categoría de obras públicas digna de museo: las que no existen pero igual se pagan. El Acueducto Gran Tulum es la pieza mayor de esa vitrina silenciosa: una promesa de agua convertida en fábula hidráulica, un proyecto financiado con dólares reales y ejecutados con responsabilidades imaginarias. Una obra que debía ampliar el horizonte de la provincia… y terminó revelando, una vez más, el estrecho límite moral del poder local.
Cuando el abogado Marcelo Arancibia presentó su denuncia penal, no golpeó solo la puerta de la Justicia: golpeó la puerta cerrada de un gobierno que prefiere mirar para otro lado, incluso cuando el olor a irregularidad roza el escándalo.
El acueducto invisible y la deuda bien visible
La matemática es brutal: la obra no existe, pero la deuda sí.
San Juan sigue pagando millones a Kuwait por un acueducto que jamás llegó a ser. Entre 50 y 100 millones de dólares se evaporan como si la provincia pudiera darse semejante lujo. Si fuera ficción, sería ingeniosa. Como realidad, es un insulto.
Cuando la plata falta en sueldos, insumos médicos, escuelas, seguridad y servicios esenciales, cada dólar perdido duele dos veces: por lo que no llega y por lo que se desperdició.
Los caños que no sirven y el poder que no pregunta
La denuncia detalla una cadena de decisiones absurdas:
- se compraron caños que no servían,
- se compraron otros para reemplazarlos,
- tampoco hay certeza de que esos sirvan,
- surgió un fallo judicial que expuso la operatoria,
- y la obra jamás se terminó.
Todo documentado.
Todo público.
Todo escandaloso.
Y, aun así, el gobierno de turno elige la obediencia del silencio.
No hay indignación.
No hay auditorías enérgicas.
No hay una sola voz oficial que marque distancia real del pasado.
Es como si la gravedad del hecho no ameritara más que un bostezo institucional.
Pasividad de ahora, corrupción de ayer… y una complicidad que se cuela en el medio
La denuncia apunta a las gestiones 2015–2019 y 2019–2023.
Eso es historia.
Lo inquietante empieza después.
El problema dejó de ser del pasado el día en que la nueva administración decidió no mover un dedo.
Y acá aparece la palabra incómoda que nadie quiere pronunciar, pero que el comportamiento oficial hace inevitable: complicidad.
Complicidad no es compartir un delito.
Complicidad, en política, también puede ser elegir conscientemente la inacción:
- no auditar,
- no investigar,
- no denunciar,
- no exigir responsabilidades,
- no poner la cara,
- no romper con lo que se heredó.
Cuando un gobierno recibe una obra sospechosa y se queda callado, ya no es heredero: es garante del silencio ajeno.
La pasividad, en política, no es neutralidad.
Es una forma de tomar partido.
Y en este caso, el gobierno eligió un bando: el del silencio.
La Justicia en pausa, la provincia en retroceso
La Unidad Fiscal de Delitos Especiales —donde Baigorri tiene la oportunidad de definir si la justicia sanjuanina seguirá siendo un museo de causas dormidas o si, por primera vez, una investigación avanzará sin pedir permiso— recibe la denuncia.
Los delitos que podrían investigarse son tantos y tan evidentes —malversación, defraudación, cohecho, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles— que el expediente podría escribirlo solo.
Faltan ganas, no pruebas.
- Los caños están.
- Las deudas también.
- Las firmas existen.
- Las omisiones, más.
En San Juan, la inacción es tan predecible como el viento Zonda.
El expediente puede avanzar… o dormir años.
Todo depende de si el clima político lo permite.
Ese es el verdadero drama.
Arancibia, el hombre que empuja la piedra que el poder deja caer
En un escenario donde el poder prefiere la comodidad del silencio, Marcelo Arancibia aparece como la excepción, no como la regla.
Presentó la denuncia en el último minuto.
No pidió permiso.
No negoció silencios.
No especuló con alianzas.
No hizo política de conveniencia; hizo política de dignidad.
Su denuncia no apunta a un nombre, sino a una estructura. Y por eso inquieta tanto. Porque una asociación ilícita administrativa —como él sugiere investigar— involucra a muchos: técnicos, ministros, directores, gerentes, proveedores, fiscales de obra.
Y, sobre todo, involucra las preguntas que nadie en el gobierno quiere pronunciar:
¿Quién dejó que esto pasara?
¿Y quién deja que siga pasando?
Mientras tanto: el Ejecutivo susurra, la Legislatura mira de reojo, la Justicia duda entre investigar o no molestar a nadie, Arancibia empuja la causa cuesta arriba, como un Sísifo jurídico que entiende que si él no hace fuerza, nadie más lo hará.
No porque crea en la pulcritud del sistema, sino porque sabe que el silencio es más corrosivo que la corrupción.
La corrupción rompe obras.
El silencio rompe sociedades.
A veces, un solo ciudadano basta para recordarle al Estado lo que el Estado prefiere olvidar: que cuando una obra no está, pero la deuda sí; cuando los caños fallan, pero los pagos no; cuando nadie pregunta y todos se hacen los distraídos… siempre queda alguien dispuesto a encender una luz donde el poder prefiere la sombra.
Y en esta historia, esa luz —incómoda, persistente, necesaria— tiene nombre y apellido:
Marcelo Arancibia.
Comentario final
En política —y en San Juan, sobre todo— hay un refrán que nunca pierde vigencia:
“Piensa mal y acertarás.”
No es pesimismo.
No es cinismo.
Es, lamentablemente, la técnica más confiable para entender cómo funciona el poder cuando la transparencia deja de ser obligación y se vuelve sugerencia.
En cada silencio oficial, el refrán se confirma.
En cada obra inconclusa, se reafirma.
Y en cada denuncia que avanza sin apoyo del gobierno, se cumple con una perfección que asusta.
Feliz dos años de no hacer nada.
Una ironía amarga, y la descripción más exacta del presente político sanjuanino.
