Cuando el poder decide proteger a un funcionario antes que defender sus propios principios, la política termina escribiendo su peor caricatura.
Hay derrotas que no ocurren en las urnas. Tampoco en los tribunales. Ocurren cuando la realidad termina desarmando, pieza por pieza, el relato que el poder construyó para justificarse.
Eso acaba de suceder.
Durante días, el esfuerzo político no estuvo puesto en explicar las decisiones de un funcionario cuestionado, sino en impedir que el Congreso pudiera preguntarle. El objetivo dejó de ser la transparencia y pasó a ser el bloqueo institucional. No importaba responder; importaba evitar las preguntas.
En esa estrategia, el orreguismo decidió involucrarse.
Los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime eligieron no dar quórum para avanzar con la interpelación a Manuel Adorni. La explicación fue la disciplina política. La consecuencia fue otra: quedaron asociados a la defensa de un funcionario cuya permanencia terminó siendo más frágil que la propia estrategia para protegerlo.
Y entonces ocurrió lo inevitable.
La presión política hizo lo que el Congreso no pudo hacer.
El funcionario dejó de ser sostenible y el propio oficialismo nacional terminó apartándolo. No hizo falta una interpelación para demostrar el desgaste. Bastó que el costo político superara el beneficio de conservarlo.
Ahí aparece la pregunta incómoda para el oficialismo sanjuanino.
¿Para qué sirvió exponer a los diputados de la provincia? ¿Qué ganó San Juan bloqueando un debate que terminó resolviéndose por la fuerza de los hechos? ¿Cuál fue el beneficio político de asumir un costo que ni siquiera el propio gobierno nacional estuvo dispuesto a sostener?
La escena tiene algo de tragedia y algo de comedia.
Mientras el país discutía la situación de un funcionario cada vez más cuestionado, los representantes sanjuaninos eligieron inmolarse políticamente para impedir que se formularan preguntas. Poco después, quienes necesitaban esa defensa dejaron de necesitarla.
La política suele ser cruel con quienes confunden lealtad con obediencia.
Porque la lealtad exige criterio. La obediencia solo exige silencio.
Y cuando el silencio se convierte en la principal herramienta de representación, la banca deja de pertenecer a los ciudadanos para transformarse en una extensión de las decisiones del poder de turno.
Ese es, probablemente, el verdadero papelón.
No que un funcionario caiga.
Los funcionarios pasan.
Lo preocupante es que los representantes de una provincia queden atrapados defendiendo decisiones ajenas, arriesgando su propio capital político por una batalla que el mismo poder decidió abandonar.
La ciudadanía observa.
Recuerda.
Compara.
Y termina preguntándose si sus diputados representan a San Juan o simplemente administran instrucciones que llegan desde otro despacho.
La presión social tiene una característica que muchos gobiernos olvidan: puede tardar, pero casi nunca desaparece. Se acumula en silencio hasta que un día encuentra una salida. Cuando eso ocurre, los blindajes políticos se vuelven inútiles y los discursos cuidadosamente elaborados pierden todo valor.
La historia democrática demuestra que ningún funcionario se vuelve intocable porque un Parlamento deje de hacer preguntas. Al contrario. Cuanto mayor es el esfuerzo por impedir el control, mayor suele ser la sospecha pública.
El episodio deja una enseñanza incómoda para el orreguismo.
En política, a veces el peor negocio no es perder una votación.
Es quedar del lado equivocado de una decisión que ni siquiera quienes la impulsaron estuvieron dispuestos a defender hasta el final.
Porque cuando la presión termina haciendo justicia, lo único que permanece no es el funcionario que cayó.
Es el costo político de quienes eligieron sostenerlo.
