Desde el siglo XIX hasta las redes sociales, la política argentina perfeccionó distintas maneras de disciplinar la palabra.
Cada época inventa su mecanismo. Cada gobierno le cambia el nombre. Pero el impulso permanece intacto: controlar el relato, administrar la indignación pública y convertir al periodismo en una oficina auxiliar del poder.
En tiempos de Juan Manuel de Rosas, aquella tarea tenía una estructura concreta y brutal. La Mazorca no solo perseguía opositores políticos; también disciplinaba la circulación de las ideas. El terror no era únicamente físico. Era psicológico, social y simbólico. Había que instalar la sensación de que disentir podía resultar peligroso.
Dos siglos después, la política descubrió métodos menos sangrientos y mucho más sofisticados.
Ahora el miedo ya no siempre llega montado a caballo. Muchas veces aparece disfrazado de pauta oficial, ejército de trolls y operaciones digitales cuidadosamente coordinadas.
Porque el problema contemporáneo no consiste solamente en la existencia de militancia fanática en redes sociales. El fenómeno se vuelve realmente peligroso cuando el aparato estatal —directa o indirectamente— participa en la construcción de ecosistemas de obediencia comunicacional.
Y allí el periodismo argentino ocupa un lugar incómodo.
Durante años, la pauta oficial dejó de funcionar únicamente como herramienta institucional de comunicación pública para convertirse, en muchos casos, en un mecanismo silencioso de alineamiento editorial. No hace falta bajar una orden explícita. El sistema aprende solo. Los medios entienden rápidamente qué preguntas incomodan, qué investigaciones pueden poner en riesgo contratos publicitarios y qué periodistas resultan “demasiado conflictivos” para sostener financieramente.
La censura moderna rara vez necesita prohibir.
Le alcanza con asfixiar.
La Mazorca utilizaba el miedo físico.
El poder contemporáneo descubrió el miedo económico.
Y esa mutación quizá sea todavía más eficaz.
Porque el periodista perseguido por una dictadura al menos conserva claridad sobre quién es el enemigo. El periodista atrapado en la lógica de dependencia financiera entra en una zona mucho más gris: comienza a autocensurarse antes incluso de recibir presión directa. El silencio ya no aparece como imposición; se transforma en mecanismo de supervivencia empresarial.
Entonces ocurre algo todavía más peligroso.
El periodismo deja gradualmente de investigar al poder y empieza a administrarlo narrativamente.
Las conferencias de prensa se convierten en escenografías. Los funcionarios hablan en monólogos cuidadosamente controlados. Las entrevistas pierden tensión real. Y mientras tanto, los trolls cumplen la tarea complementaria: atacar a quien todavía conserve voluntad crítica.
Así nace una extraña alianza contemporánea entre propaganda estatal, fanatismo digital y precarización periodística.
Los trolls no reemplazan al periodismo.
Muchas veces funcionan como fuerza de choque para disciplinarlo.
Un periodista que investiga contratos, gastos públicos o inconsistencias oficiales puede enfrentar hoy una maquinaria coordinada de hostigamiento digital: campañas de desprestigio, fragmentos manipulados, insultos masivos, acusaciones absurdas y operaciones emocionales diseñadas para erosionar credibilidad. No importa si la información es verdadera. Lo importante es desgastar al mensajero.
La lógica es idéntica a la de la Mazorca: convertir el castigo en espectáculo público.
Antes se exhibían cuerpos.
Ahora se exhiben linchamientos virtuales.
Y mientras tanto, buena parte de la dirigencia política finge sorpresa frente a un ecosistema que muchas veces alimenta desde las sombras mediante estructuras de comunicación oficial, operadores digitales y distribución selectiva de recursos.
La pauta oficial, en teoría, debería informar actos de gobierno.
En la práctica argentina, demasiadas veces terminó financiando lealtades.
No se trata únicamente de corrupción económica. El problema es cultural. Cuando un medio depende excesivamente del dinero estatal, la frontera entre periodismo y vocería comienza lentamente a desdibujarse. Y cuanto más débil es el mercado privado, mayor se vuelve esa dependencia.
Allí aparece otra tragedia silenciosa del interior argentino.
Muchos medios provinciales sobreviven financieramente gracias a la pauta estatal porque el mercado publicitario local resulta insuficiente. Eso genera un sistema perverso donde investigar al poder puede equivaler literalmente a perder ingresos indispensables para sostener salarios, estudios o transmisiones.
Entonces el miedo cambia de forma.
Ya no se teme al calabozo.
Se teme al corte publicitario.
Y quizá por eso la política argentina desarrolló una relación tan tóxica con la prensa: no busca destruirla completamente, porque todavía necesita legitimidad democrática. Prefiere algo mucho más funcional: un periodismo cansado, condicionado, económicamente vulnerable y rodeado de fanáticos digitales listos para atacar cualquier desviación narrativa.
La Mazorca perseguía unitarios.
El trollismo contemporáneo persigue matices.
Y en sociedades cada vez más polarizadas, el matiz se volvió una amenaza insoportable. Porque pensar complejamente no viraliza. La duda no genera clics. La prudencia no produce tendencias.
El algoritmo ama los extremos.
La política aprendió a explotarlo.
Y el periodismo, muchas veces, terminó atrapado en el medio de esa maquinaria.
La gran paradoja argentina es que nunca hubo tanta tecnología para comunicar y, al mismo tiempo, tanta fragilidad estructural para sostener un periodismo verdaderamente independiente.
Por eso el problema no es solamente moral. También es institucional.
Sin transparencia en la pauta oficial, sin criterios objetivos de distribución y sin medios económicamente sustentables fuera del Estado, la libertad de prensa empieza lentamente a parecerse a una ficción administrativa.
Y las democracias no suelen derrumbarse únicamente cuando desaparecen las elecciones.
A veces empiezan a vaciarse cuando el miedo vuelve a entrar en las redacciones.
