Universidades, presupuestos y liturgias argentinas
La universidad pública argentina reclama fondos con épica revolucionaria, pero cada vez que alguien pregunta por auditorías, salarios jerárquicos o administración interna, el debate deja de ser académico y se transforma en exorcismo político.
Argentina tiene una capacidad extraordinaria para convertir cualquier discusión administrativa en una batalla moral.
Pasa con los sindicatos.
Pasa con la política.
Pasa con el Estado.
Y ahora también pasa con las universidades.
La Universidad Nacional de San Juan anunció que había solicitado 220 mil millones de pesos y que Nación apenas envió 120 mil millones. La cifra apareció en los medios con tono dramático, casi cinematográfico, como si en cualquier momento un estudiante de Ingeniería debiera fabricar velas artesanales para terminar un parcial de Álgebra II.
Y sí, existe un problema presupuestario real. Negarlo sería intelectualmente deshonesto. La inflación pulverizó presupuestos, los salarios docentes quedaron atrasados y el sistema universitario argentino sobrevive hace años con la misma lógica con la que sobrevive un Peugeot 504 en el interior del país; milagro mecánico, alambre institucional y mucha fe colectiva.
Pero el problema empieza cuando el debate termina exactamente ahí.
Porque cada vez que alguien intenta preguntar cómo se administra el dinero universitario, aparecen los custodios morales del conocimiento con la misma reacción que tendría un faraón egipcio si le pidieran mostrar la contabilidad de las pirámides.
Todo es “ataque a la educación pública”.
Todo es “avance contra la universidad”.
Todo es “odio al conocimiento”.
Y no.
A veces la sociedad simplemente quiere saber algo bastante elemental: en qué se gasta la plata.
Pregunta peligrosísima en un país donde la contabilidad pública suele parecer literatura fantástica.
Sobre todo cuando se trata de estructuras acostumbradas a funcionar bajo una especie de santidad presupuestaria, donde la transparencia suele llegar tarde, incompleta o cuidadosamente maquillada detrás de hojas de cálculo interminables, donde los números aparecen, desaparecen y reaparecen con la misma lógica mística con la que Argentina calcula la inflación.
Porque mientras docentes cobran salarios que parecen escritos por Kafka en un momento depresivo, ciertas estructuras jerárquicas universitarias viven en un ecosistema bastante más amable. Rectorados, secretarías, subsecretarías, coordinaciones, asesores, cargos políticos internos, cargos para familiares, viáticos, autos oficiales, cajas chicas, viajes académicos que misteriosamente siempre terminan cerca de alguna playa o capital interesante.
Y entonces aparece la pregunta maldita.
¿Cuánto cobran realmente algunas autoridades universitarias?
Silencio.
La universidad pública argentina muchas veces se parece a esos viejos cafés literarios donde todos hablan de revolución… mientras otro paga la cuenta.
Porque la autonomía universitaria en Argentina tiene una particularidad fascinante; es autónoma para decidir, pero profundamente dependiente para financiarse. Una especie de hijo emancipado que da discursos sobre libertad mientras sigue usando la tarjeta del padre.
Ahí aparece el verdadero tema que nadie quiere discutir: el falso federalismo universitario argentino.
Las universidades hablan de autonomía académica, pero viven atadas al respirador presupuestario de Buenos Aires. Provincias enteras producen minerales, energía, vino, agroindustria y exportaciones millonarias… pero sus universidades continúan dependiendo del humor fiscal de funcionarios nacionales sentados a más de mil kilómetros.
Eso no es federalismo.
Es centralismo con discurso progresista.
Y cada vez que cambia el gobierno nacional, el sistema entra en estado de emergencia existencial. Marchas. Carteles. Clases públicas. Apocalipsis presupuestario. Rectores hablando como líderes sindicales. Funcionarios hablando como contadores medievales. Y estudiantes atrapados en medio de una guerra donde nadie parece discutir el problema estructural.
Porque el verdadero debate sería mucho más incómodo.
¿Puede existir una universidad pública moderna sin auditorías completas y permanentes?
¿Puede reclamarse más dinero sin mostrar con absoluta claridad cómo se administra el actual?
¿Puede hablarse de pensamiento crítico mientras ciertas estructuras internas funcionan como pequeños feudos políticos?
¿Puede existir federalismo universitario real mientras todo dependa de transferencias nacionales?
Preguntas incómodas.
Demasiado incómodas para un país que aprendió a convertir cualquier revisión contable en persecución ideológica.
Y sin embargo la universidad pública sigue siendo necesaria. Tal vez más que nunca. Porque todavía hay hijos de trabajadores que llegan allí creyendo que el conocimiento puede cambiarles la vida. Y muchas veces lo cambia.
Pero precisamente por eso debería exigírsele más transparencia, no menos.
Porque una universidad pública no debería parecer una iglesia donde preguntar por los balances equivale a blasfemar.
Debería parecer exactamente lo contrario.
El último lugar donde el poder teme mostrar los números.
