Transparencia, gasto y reflejos
Mientras el gobierno de Marcelo Orrego prepara otra compra de notebooks junto a la ministra Silvia Fuentes, apareció algo incómodo. Un pedido formal de información, con copia a la Defensoría del Pueblo. No habla de promesas. Pregunta por números.
Hay políticas que funcionan bien mientras nadie haga cuentas.
La entrega de computadoras en San Juan venía en ese registro. Anuncio, acto, foto. Un circuito prolijo, casi coreografiado, donde la gestión parecía avanzar con velocidad y sin fricción.
Hasta que alguien cometió un error imperdonable.
Pidió explicaciones.
El expediente ingresado en el Ministerio de Hacienda no tiene épica. No denuncia, no acusa, no interpreta. Pregunta. Cuántas computadoras se compraron, cuánto costaron, quién las vendió, dónde están, si funcionan.
Nada más.
Y sin embargo, eso alcanza para desarmar todo el decorado.
Porque si la información fuera tan clara como el anuncio, ya estaría publicada. No habría que pedirla. Mucho menos formalmente.
El momento tampoco ayuda. Mientras el Ejecutivo habla de una nueva etapa de entrega, el expediente obliga a mirar la anterior. Es como inaugurar una segunda obra sin haber terminado la primera. O peor, sin haber explicado en qué se fue el presupuesto inicial.
Ahí aparece el verdadero problema.
No es la compra.
Es la repetición sin memoria.
Finalmente, Hacienda recibió el expediente. Y no llegó solo. La copia remitida a la Defensoría del Pueblo introduce un elemento que la política suele esquivar: control externo.
Y ahí la escena cambia.
Mientras el tema fue comentario, se lo podía relativizar. Minimizar. Encapsular en la lógica del “no es para tanto”. Pero ahora hay un expediente. Y además, hay otra institución mirando.
Y los expedientes tienen una virtud que la política suele evitar.
Obligan a responder.
No con frases.
Con datos.
Se insiste en que las computadoras son para mejorar la educación. Puede ser. Incluso debería ser. Pero sin evaluación, esa afirmación es una fe vestida de política pública.
Una computadora sin seguimiento es un objeto.
Sin medición, es un gasto.
Sin rendición, es una coartada.
Y si además aparece en contexto electoral, deja de ser solo educativo.
Empieza a ser conveniente.
El gobierno puede seguir anunciando. Puede seguir comprando. Puede seguir hablando de futuro.
Pero ahora tiene una dificultad.
Alguien le pidió que explique el pasado.
Y alguien más fue notificado.
Y eso, en ciertas gestiones, es más desestabilizante que cualquier oposición.
Porque cuando el discurso se encuentra con un expediente, y el expediente encuentra control, ya no alcanza con parecer.
Hay que demostrar.
Y demostrar, a veces, es el verdadero problema.
