Mientras el país institucionalizaba el derecho a saber, San Juan eligió la excepción. No por falta de tiempo. Por exceso de conveniencia.
Hay silencios que no nacen del descuido.
Nacen de una decisión.
En 2016, Argentina sancionó la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. No fue un gesto menor. Fue —al menos en los papeles— un cambio de época. Después de años donde la información era patrimonio del funcionario y no del ciudadano, el Estado nacional se obligó a responder. A entregar datos. A documentar decisiones.
Se creó la Agencia de Acceso a la Información, autárquica e independiente. Se fijaron plazos. Se establecieron sanciones. La regla se volvió simple: la información es pública… salvo excepciones justificadas.
Pero toda ley nacional tiene un límite: las provincias.
Y ahí comienza otra historia.
I. La ley que avanzó… y la provincia que hizo de las suyas
Mientras varias jurisdicciones adherían directamente a la ley nacional, San Juan hizo algo más silencioso: no adhirió. En su lugar, mantuvo un conjunto de normas dispersas dentro del Digesto Jurídico provincial.
A primera vista, parece lo mismo. Tiene plazos. Tiene una dirección de acceso a la información. Tiene un procedimiento.
Pero el diablo, como siempre, está en los detalles.
Porque no todas las leyes nacen iguales.
Algunas nacen para abrir puertas.
Otras, para que parezca que están abiertas.
II. La arquitectura de la opacidad legal
Las normas dispersas del Digesto sanjuanino tienen tres limitaciones estructurales que las convierten en un molde vacío:
1. Dependencia jerárquica
Mientras la Agencia nacional es autárquica e independiente del Poder Ejecutivo, la Dirección de Acceso a la Información de San Juan depende del Ministerio de Gobierno. El que fiscaliza responde a quien debe fiscalizar. Juez y parte. El mismo poder que produce los datos decide si los entrega.
2. Sanciones sin dientes
La ley nacional prevé multas y apercibimientos para el funcionario que obstruya el acceso. En el esquema sanjuanino, la ejecución es débil. Sin costo real para el incumplidor, la obligación se vuelve sugerencia.
3. Transparencia activa débil
La ley nacional exige publicar de oficio: sueldos, contrataciones, planes, auditorías. En San Juan, esa publicación existe cuando conviene. Se celebra la inversión. Se anuncia el impacto. Se archiva el resultado. La verificación nunca llega.
Así se completa el sistema:
No es que no haya normas.
Es que las normas no obligan.
III. La omisión como forma de poder
Desde 2018, la ausencia de independencia se volvió estructura.
No hay una autoridad que pueda enfrentar al gobernador.
No hay plazos que no puedan prorrogarse discrecionalmente.
No hay sanción que realmente asuste.
El Estado puede informar.
Pero no está obligado a hacerlo de manera creíble.
Y en esa diferencia —mínima en apariencia— se juega todo.
Porque cuando la información depende de la voluntad del mismo poder que la retiene, deja de ser derecho… y pasa a ser concesión.
IV. Las cifras sin contraste
En San Juan, las cifras existen.
Pero no tienen intemperie. No están sometidas a contraste obligatorio. No tienen un organismo independiente que las fuerce a sostenerse más allá del discurso.
Entonces se vuelven maleables.
No necesariamente falsas. Pero sí estratégicas.
Se presentan cuando conviene.
Se explican cuando alcanza.
Se omiten cuando incomodan.
Y sin una agencia autónoma que las ordene, esa flexibilidad no es una falla.
Es una herramienta de gobierno.
Quizá con un sistema de acceso a la información verdaderamente independiente podríamos ver las cosas con mayor claridad.
No para proteger al poder… sino para incomodarlo.
Porque la transparencia no silencia a la prensa opositora.
La vuelve innecesaria como sospecha.
Cuando los datos están abiertos, la discusión deja de ser una disputa de relatos y pasa a ser una confrontación de hechos.
Entonces ya no se trataría de difamaciones o calumnias.
Se trataría de números.
Números que expliquen, por ejemplo, cuánto se gastó… y cuánto se recuperó en la Fiesta Nacional del Sol.
Cuánto costó el espectáculo… y qué retorno real tuvo el Ironman.
Cuánto gastó Casa de Gobierno en atenciones… y cuánto de estas compras corresponde a jamón.
Pero cuando esos datos no existen —o existen sin control— la sospecha no es una operación.
Es una consecuencia.
V. La amenaza que no se concreta
En este contexto, las amenazas judiciales adquieren otro sentido.
El sobre llega. La carta documento insinúa. Las palabras escalan: “injuria”, “calumnia”.
Pero no hay denuncia.
Y no es por falta de decisión.
Es por exceso de cálculo.
Porque judicializar implica entrar en un terreno distinto: el de la prueba.
Y la prueba obliga a ordenar lo que hasta ahora puede permanecer disperso. A explicar lo que hasta ahora puede sugerirse. A fijar lo que hasta ahora puede moverse.
Sin una autoridad independiente que obligue a transparentar, el juicio se vuelve —paradójicamente— el único mecanismo que podría hacerlo.
Y por eso se evita.
VI. El doble cerrojo
Así se completa el sistema:
Primer cerrojo: no hay una agencia autárquica que pueda exigir datos sin temor a represalias.
Segundo cerrojo: el entramado normativo existe, pero no empodera al ciudadano; solo maquilla la opacidad.
No es un vacío institucional.
Es una arquitectura deliberada.
Un equilibrio donde la opacidad no es escándalo… porque no hay herramientas para producir el escándalo.
VII. La historia que explica el presente
A veces se dice que falta modernización.
Que falta voluntad técnica.
Que falta tiempo.
Pero la historia es más incómoda.
La ley nacional existe hace casi una década.
El estándar está fijado.
El camino está trazado.
San Juan no necesita más normas dispersas.
Necesita un sistema que funcione de verdad.
Lo que falta no es información.
Es decisión política de independizar al controlador del controlado.
Porque hacerlo implicaría renunciar a algo que el poder valora demasiado: la capacidad de elegir qué mostrar… y qué no.
VIII. Juez y parte en el balance general
No es que San Juan no tenga mecanismos de acceso a la información.
Es que tiene un sistema que no quiere incomodar al poder.
Porque un esquema con control independiente no ordena papeles: desordena privilegios.
Obliga a responder.
A sostener cifras.
A exponer decisiones que hoy circulan sin testigo.
Y entonces aparece la figura más incómoda de todas: un Estado que deja de ser narrador… para convertirse en objeto de control.
Pero hoy ocurre lo contrario.
El mismo poder que ejecuta el gasto, lo mide. Lo comunica. Lo justifica.
Juez y parte.
Un balance donde quien firma… es también quien se evalúa.
Y en ese circuito cerrado, la transparencia no falta: es excluida.
Por eso no se independiza el control.
Por eso no se discute.
Porque el día que exista un organismo realmente autónomo, el relato dejará de alcanzar.
Y lo que hoy se presenta como gestión tendrá que sobrevivir a algo mucho más incómodo: la mirada de quien no depende del poder… para preguntarle.
Y si algo de este sistema puede atribuirse a la gestión anterior, entonces el argumento no atenúa la responsabilidad: la agrava.
Porque las herencias no se administran.
Se corrigen.
Una estructura diseñada para limitar el acceso a la información no es un legado neutro.
Es una oportunidad.
Pero cuando esa estructura se conserva, la continuidad deja de ser involuntaria.
Se vuelve elección.
Porque lo que no se hace, también habla.
Y a veces habla más que lo que se firma.
“Caesaris mulier non solum casta esse debet, sed etiam videri”.
La esposa del César no solo debe ser honesta.
Debe parecerlo.
Pero en San Juan, el problema ya no es la apariencia: es la decisión de no someterse a ella.
No adherir no es una demora administrativa.
Es una forma de administrar el poder sin testigos incómodos.
Porque cuando la transparencia está al alcance… y se la esquiva, la discusión deja de ser normativa.
Se vuelve moral.
Y lo que parecía una omisión revela su verdadera forma: una elección.
