Una escena menor, amplificada por las redes, expone una confusión mayor: cuando la abogacía se disuelve en espectáculo, la ley deja de ser herramienta y se convierte en decorado.
Hay errores que se cometen por ignorancia. Y hay otros —más graves— que se cometen por soberbia. El episodio protagonizado por la abogada e influencer Agostina Páez en Brasil pertenece, sin demasiadas dudas, a la segunda categoría.
No estamos ante una ciudadana común sorprendida por una situación confusa en un bar extranjero. Estamos, según su propio currículum mediático, frente a una abogada. Es decir, alguien que conoce —o debería conocer— los límites de la palabra, el peso de los gestos y, sobre todo, la diferencia fundamental entre denunciar un delito y cometer otro.
Si realmente existía la sospecha de una estafa —como luego intentó justificar— el manual es claro, elemental, casi escolar: silencio, denuncia, prueba. No gritos. No gestos. No escenificaciones grotescas frente a cámaras. No la teatralización del conflicto como si el derecho penal fuera un reel de Instagram.
Cualquier estudiante de primer año sabe que la percepción subjetiva de una injusticia no habilita la reacción pública, mucho menos cuando esa reacción puede encuadrar en un delito grave en otra jurisdicción. Brasil no es Argentina, y la ignorancia del derecho comparado no exime de responsabilidad. Menos aún cuando el tipo penal —injuria racial equiparada a racismo— es conocido, explícito y severamente sancionado desde 2023.
Lo verdaderamente alarmante no es el error humano. Es el error profesional.
Porque aquí no falló una noche: falló una formación. Falló el criterio. Falló la comprensión mínima del rol que se supone ejerce quien se presenta como abogada. El Derecho no se declama: se ejerce. Y ejercerlo implica saber cuándo hablar y cuándo callar.
Sin embargo, el episodio revela algo más profundo y más inquietante: la confusión deliberada entre justicia y visibilidad, entre defensa legal y narrativa de víctima, entre proceso judicial y consumo digital. El hecho se transforma en contenido. El expediente, en storytelling. El habeas corpus, en estrategia de redes.
No es casual que el discurso posterior esté cuidadosamente construido para el consumo emocional: “se siente mal”, “está desprotegida”, “no conoce el idioma”, “está sola”. Todo eso puede ser cierto. Pero nada de eso borra el acto original, ni corrige la torpeza jurídica que lo desencadenó.
El derecho penal no funciona por estados de ánimo. Funciona por hechos.
Y el hecho es simple: ante una presunta estafa, una abogada eligió el escándalo público antes que la vía legal. Eligió el gesto antes que la denuncia. Eligió el grito antes que el Código. Eligió el personaje antes que el oficio.
Luego aparece el argumento defensivo más gastado de nuestra época: el contexto. Siempre el contexto. El contexto explica, pero no absuelve. Y mucho menos cuando no fue canalizado por las herramientas que la propia profesión ofrece.
Aquí no hay persecución ideológica, ni xenofobia judicial, ni excepcionalidad argentina castigada en el exterior. Hay algo mucho más sencillo y mucho más incómodo: una mala decisión tomada por alguien que debería haber sabido mejor.
Tal vez el problema de fondo no sea este episodio, sino lo que revela: una generación que cree que el derecho es opinable, que la ley es negociable y que la indignación personal puede reemplazar al procedimiento. Una generación donde el título habilita a hablar, pero no necesariamente a pensar.
El drama no es que una influencer haya quedado atrapada en su propio personaje. El drama es que una abogada haya olvidado que el Derecho no se actúa: se respeta.
Y como si el manual del desatino necesitara una última pirueta, la señorita que dice ser abogada decidió coronar el episodio con una comparación tan reveladora como innecesaria: afirmó que ahora “siente lo que siente Cristina” desde que le colocaron una tobillera. La frase no es un desliz. Es un gesto de congraciación. Un guiño calculado. Una manera torpe de ingresar —por la puerta del victimismo— a una épica que no le pertenece.
Compararse con una ex presidenta condenada, como si una medida cautelar en Brasil fuera el equivalente simbólico de una persecución política, no solo es jurídicamente absurdo: es intelectualmente deshonesto. Pero en la lógica estúpida del influencer, donde la consecuencia es contenido y el error se monetiza, todo vale. La tobillera deja de ser una medida judicial y pasa a ser un accesorio narrativo. Un fetiche. Un atajo para obtener legitimidad emocional prestada.
Si tanto la seduce ese relato, si tanto le atrae ese imaginario donde toda consecuencia es persecución y toda sanción es martirio, quizá debería completar el gesto. Quedarse en Brasil. Acompañar la liturgia progresista tropical. Transformar la causa judicial en experiencia turística.
Al fin y al cabo, el sueño influencer parece haberse cumplido: cámaras, micrófonos, trending topic y un departamento en Río pagado a precio de escándalo.
No será una condena. Pero todo indica que sí serán largas vacaciones brasileñas, con vista al mar, abogados caros y una tobillera que, lejos de incomodar, terminó siendo el souvenir más elocuente del viaje.
Porque cuando el Derecho se abandona por likes, la justicia se vuelve paisaje.
Y el ridículo, permanente.
