«Las instituciones no se justifican por su existencia. Se justifican por los resultados que ofrecen.»
Hay preguntas que durante años parecían impensables dentro de una sala de profesores. Hoy ya no.
¿Quién defiende realmente al docente sanjuanino?
La pregunta no nace de una diferencia ideológica. Nace de una realidad que miles de maestros y profesores experimentan cada fin de mes. El salario pierde poder adquisitivo, las paritarias concluyen sin revertir esa tendencia y, mientras tanto, el descuento sindical continúa llegando puntualmente con cada recibo de sueldo.
Es allí donde comienza el verdadero debate.
Cada fin de mes, miles de docentes sanjuaninos abren su recibo de sueldo y encuentran un descuento que se repite desde hace años. La cuota sindical ronda el 2 % de la remuneración sujeta a aportes. Puede parecer un porcentaje pequeño cuando se observa de manera individual. Pero multiplicado por miles de afiliados y por doce meses al año, constituye una estructura económica importante. A ese ingreso se suman los provenientes de servicios asistenciales, convenios, créditos, actividades recreativas y otras prestaciones que administran las organizaciones gremiales.
Nadie discute que un sindicato necesite recursos para funcionar. La verdadera pregunta es otra.
¿El docente recibe una representación que justifique ese aporte?
La razón de ser de un gremio nunca fue administrar descuentos. Su misión es equilibrar una relación desigual entre el trabajador y el poder político. Es negociar cuando corresponde, confrontar cuando es necesario y defender, con independencia, el salario y las condiciones laborales de quienes lo sostienen con su aporte mensual.
Sin embargo, la sensación que recorre muchas escuelas de San Juan parece alejarse cada vez más de ese ideal.
Las paritarias se repiten con una mecánica conocida. Comienzan con discursos firmes, continúan con comunicados de rechazo y concluyen con acuerdos que, para muchos docentes, no logran impedir que el salario siga perdiendo poder adquisitivo. Mientras la inflación avanza y el costo de vida aumenta, las respuestas gremiales parecen cada vez más previsibles y menos efectivas.
Hay un detalle que vuelve todavía más inquietante este escenario.
Cada vez que un funcionario del gobierno sostiene que «los aumentos otorgados son superiores a los de la gestión anterior», el debate parece cerrarse antes de empezar. La comparación se presenta como una demostración de éxito. Sin embargo, ese razonamiento es una falacia política cuando se desconecta de la realidad cotidiana.
Un salario no mejora porque el porcentaje sea mayor que el de otro gobierno. Mejora cuando permite vivir mejor.
Si los alimentos, los servicios, los alquileres, los medicamentos y el costo de vida crecen más rápido que el ingreso, cualquier comparación con administraciones anteriores pierde valor. El único indicador que verdaderamente importa es el poder adquisitivo del docente.
Lo preocupante es que ese relato no solo es repetido por el Gobierno. Con demasiada frecuencia también termina siendo aceptado, o al menos insuficientemente cuestionado, por quienes deberían desmontarlo con datos. Un sindicato no está para comparar porcentajes entre gobiernos. Está para demostrar, con evidencia, si el docente ganó o perdió capacidad de compra.
La vara no debería ser la gestión anterior.
La vara debería ser la mesa de la cocina de cada maestro y profesor.
Porque allí no se pagan las cuentas con conferencias de prensa ni con porcentajes. Se pagan con un salario que alcance.
Entonces surge una pregunta inevitable.
¿Qué está comprando realmente el docente con su cuota sindical?
Toda cuota implica una contraprestación. Nadie paga una cobertura médica esperando no recibir atención. Nadie contrata un abogado para que acepte la primera propuesta sin defender los intereses de su cliente. Nadie sostiene una institución únicamente por costumbre.
¿Por qué un sindicato debería ser diferente?
La representación sindical no se mide por la cantidad de comunicados publicados ni por el número de reuniones mantenidas con el Gobierno. Se mide por resultados. Se mide por la capacidad de preservar el salario, defender derechos y hacer sentir al afiliado que su voz tiene peso en la mesa de negociación.
Frente a este panorama, es inevitable escuchar el argumento que suelen esgrimir los dirigentes gremiales y algunos docentes más allegados: «Sin el sindicato, el ajuste hubiera sido peor».
Vale la pena detenerse en esa frase. No para descartarla livianamente, sino para someterla al mismo rigor con que se evalúa al Gobierno.
Ese argumento parte de una premisa indemostrable: que existe una realidad paralela donde el gremio no existe y donde el Estado, liberado de ese contrapeso, habría aplicado un ajuste salvaje sobre los salarios docentes. Pero la historia reciente de la provincia ofrece ejemplos que invitan a la duda. Durante los períodos de mayor conflictividad social, cuando los docentes efectivamente paralizaron actividades y ocuparon calles, se lograron recomposiciones salariales que luego, con el tiempo, la inflación terminó licuando. Es decir, el conflicto logró picos, pero no tendencia.
El problema del argumento «sin el sindicato hubiera sido peor» es que funciona como una coartada perfecta. Todo resultado, por magro que sea, puede ser presentado como un triunfo si se compara con un escenario hipotético catastrófico. Pero el trabajador no vive en escenarios hipotéticos. Vive en la realidad de su recibo de sueldo.
Si un sindicato solo puede demostrar su utilidad mediante la especulación de que «podría haber sido aún más grave», entonces está admitiendo, sin decirlo, que ha perdido la capacidad de influir en la tendencia. Está resignando la ofensiva para refugiarse en la coartada defensiva.
Un sindicato fuerte no necesita recurrir al miedo a lo que podría pasar sin él. Un sindicato fuerte demuestra con números lo que logró que pasara con él.
Y los números disponibles —los que miran los docentes en sus hogares— muestran que el salario docente en San Juan, en términos reales, no ha logrado recuperar el terreno perdido frente a la inflación de los últimos años. Eso no es una opinión. Es una cuenta que cualquier maestro puede hacer con su calculadora.
Entonces, cuando un dirigente esgrime el «hubiera sido peor», el afiliado tiene derecho a preguntar: «¿Peor que qué? ¿Peor que este presente donde llego justo a fin de mes? ¿Peor que tener que pedir un adelanto para comprar los útiles de mis hijos? ¿Peor que ver cómo mi poder de compra se achica mes a mes?»
Si esa es la vara, la vara está demasiado baja.
Pero existe otro aspecto que merece una investigación seria.
Durante los últimos años, numerosos docentes cuestionaron públicamente distintas situaciones relacionadas con el Banco San Juan, como la administración de las cuentas sueldo, la disponibilidad de fondos o las dificultades para cambiar de entidad bancaria. Sin embargo, la respuesta de las organizaciones gremiales frente a esos reclamos ha sido, para muchos afiliados, considerablemente más moderada que en otros conflictos.
No corresponde sacar conclusiones sin pruebas. Sí corresponde hacer preguntas.
¿Cuál es la situación financiera de los sindicatos? ¿Qué muestran sus balances? ¿Cuál es su nivel de endeudamiento? ¿Mantienen créditos con entidades bancarias de la provincia? Si así fuera, ¿con cuáles y bajo qué condiciones? ¿Qué porcentaje de sus ingresos proviene de la cuota sindical y cuánto de otras actividades? ¿Publican periódicamente esa información para que cualquier afiliado pueda conocerla?
Estas preguntas no constituyen una acusación. Constituyen un ejercicio de transparencia.
Porque la independencia no solo debe proclamarse. También debe poder demostrarse.
Si las organizaciones gremiales no mantienen ningún vínculo que pueda afectar su autonomía, la publicación de esa información fortalecería su credibilidad. Y si existieran compromisos económicos relevantes, los afiliados tienen derecho a conocerlos para evaluar si esos vínculos pueden influir en la firmeza con la que se defienden sus derechos.
Quizá el problema no sea únicamente el Gobierno. Quizá también sea momento de evaluar a quienes fueron elegidos para discutir con él.
Durante décadas, los docentes sostuvieron económicamente a sus sindicatos con la convicción de que, llegado el momento, alguien defendería aquello que les costó años construir. Pero cuando el salario pierde frente a la inflación, cuando las respuestas parecen insuficientes y cuando las negociaciones concluyen sin cambios sustanciales, la confianza comienza a desgastarse.
Entonces la discusión deja de ser gremial para convertirse en una pregunta profundamente personal.
¿Tiene sentido seguir financiando una organización cuya capacidad de respuesta muchos docentes perciben como insuficiente?
No hay gobierno que pueda sostener un relato si existe una representación capaz de desmontarlo con datos, argumentos y resultados.
Y no hay sindicato que pueda reclamar representar a los docentes cuando deja de representar la realidad que viven sus afiliados.
Tal vez la discusión ya no sea cuánto aporta un maestro a su gremio.
La verdadera discusión es cuánto recibe a cambio.
Porque la cuota sindical no debería comprar silencio.
Debería garantizar independencia.
No debería sostener estructuras.
Debería fortalecer la defensa de quienes, con esfuerzo, las financian.
Mientras el docente siga haciendo cuentas para llegar a fin de mes, la pregunta continuará esperando una respuesta que ningún funcionario ni ningún dirigente sindical podrá evitar.
¿Quién defiende hoy al docente sanjuanino?
