La transparencia no empieza cuando se abren las puertas del edificio. Empieza cuando se abren los archivos del Estado.
Hay iniciativas que, en apariencia, resultan simpáticas. «La Noche de las Leyes» es una de ellas. Recorrer los pasillos de la Legislatura, conocer su historia, observar el trabajo de los taquígrafos, entender el rol de Información Parlamentaria y escuchar cómo funciona el proceso legislativo puede acercar al ciudadano a una institución que durante años pareció lejana.
Todo eso está bien.
Pero también es insuficiente.
Porque la democracia no se fortalece únicamente enseñando dónde se redactan las leyes. Se fortalece permitiendo que cualquier ciudadano pueda controlar cómo se toman las decisiones públicas, cómo se ejecuta el presupuesto, quién recibe los contratos del Estado, cuáles son los fundamentos de cada acto administrativo y de qué manera se utilizan los recursos que pertenecen a todos.
La transparencia no es una visita guiada.
Es un derecho.
Mientras desde la Legislatura se invita a recorrer los pasillos, San Juan continúa teniendo una deuda institucional mucho más profunda: adherir a la Ley Nacional Nº 27.275, de Derecho de Acceso a la Información Pública. Una norma que reconoce el derecho de toda persona a solicitar y recibir información pública y que obliga al Estado a actuar bajo el principio de publicidad de sus actos. Negarse a dar ese paso no es un detalle administrativo. Es una decisión política.
Porque una provincia verdaderamente transparente no necesita explicar cuánto trabajan sus instituciones. Lo demuestra publicando la información antes de que alguien la solicite. Lo demuestra permitiendo que cualquier ciudadano pueda acceder a balances, expedientes, resoluciones, proyectos de ley, dictámenes de comisión, contrataciones, declaraciones patrimoniales y rendiciones de cuentas sin atravesar un laberinto burocrático.
No alcanza con mostrar la biblioteca si permanecen cerrados los expedientes.
No alcanza con exhibir el recinto si el ciudadano no puede acceder con facilidad a los datos de la administración.
No alcanza con organizar una noche para conocer las leyes si durante el resto del año la sociedad encuentra obstáculos para conocer los actos del Estado.
Y es allí donde esta crónica se permite una licencia literaria.
Cuando las luces de la Legislatura comienzan a apagarse y los visitantes abandonan el edificio, aparece un personaje de ficción; el fantasma de Fabián Martín. No es el vicegobernador. Es una representación satírica de la opacidad. Un fantasma más vivo que muerto que recorre silenciosamente los pasillos con un enorme manojo de llaves.
No abre puertas. Se dedica a cerrarlas.
Cada vez que un ciudadano intenta conocer un balance, acceder al trabajo de una comisión, revisar un proyecto de ley, consultar un expediente, seguir la ejecución presupuestaria o descubrir cómo se administran los recursos públicos, el fantasma guarda otra llave en su bolsillo y continúa caminando como si nada ocurriera.
Mientras las luces iluminan el recinto para la fotografía institucional, él mantiene en penumbras aquello que realmente permite controlar al poder.
La escena, naturalmente, pertenece a la ficción.
La pregunta no.
¿Por qué una provincia que organiza una noche para mostrar la Legislatura todavía no encuentra la voluntad política para adhesión a la Ley Nacional Nº 27.275?
La mejor forma de acercar la política a la ciudadanía nunca fue el marketing institucional. Siempre fue la rendición permanente de cuentas. La confianza pública no se construye con recorridos, discursos ni fotografías. Se construye con información verificable.
Por eso, «La Noche de las Leyes» puede ser una buena actividad cultural e institucional. Pero si pretende representar la transparencia, queda corta. Muy corta.
Porque abrir una puerta durante una noche no equivale a abrir el Estado los trescientos sesenta y cinco días del año.
Una Legislatura moderna no debería conformarse con contar su historia.
Debería animarse a escribir una nueva.
Y esa historia empieza con una decisión concreta: adherir a la Ley Nacional Nº 27.275, de Derecho de Acceso a la Información Pública, establecer la publicidad activa de todos los actos legislativos y garantizar que cualquier ciudadano pueda controlar, sin obstáculos, el funcionamiento del poder.
Eso sí sería un gesto histórico.
Eso sí acercaría la Legislatura a la gente.
Eso sí permitiría que el ciudadano no solo recorra los pasillos, sino que también pueda abrir las puertas donde realmente se encuentra la información pública.
No creo que nuestros políticos no piensen. Piensan perfectamente. Lo preocupante es que, con demasiada frecuencia, dicen y hacen no lo que más conviene a la sociedad, sino lo que más les conviene a ellos. Por eso la transparencia nunca fue una concesión del poder; es la única herramienta que tiene el ciudadano para controlar a quienes gobiernan.
Si realmente quieren acercar la Legislatura a los sanjuaninos, el camino no empieza con una visita guiada.
Empieza entregándole al ciudadano la llave que el fantasma todavía se niega a soltar.
Y esa llave tiene un nombre: Ley Nacional Nº 27.275, de Derecho de Acceso a la Información Pública.
