El gobierno de Marcelo Orrego quiere que hablemos de números.
Es comprensible. Los números suelen ser los mejores aliados de un gobierno cuando ofrecen buenas noticias.
San Juan exhibe superávit. Habla de equilibrio fiscal, de solvencia, de previsibilidad y de confianza. Presenta balances positivos y gráficos prolijos. Es el lenguaje de las finanzas públicas.
Pero una provincia no es una planilla de cálculo.
Es una sociedad.
Y las sociedades hacen preguntas que ningún balance puede responder por sí solas.
La administración de Marcelo Orrego sostiene que San Juan cerró dos ejercicios consecutivos con resultado positivo. También explica que el superávit financiero descendió del 12,08 % al 1,09 % porque buena parte de ese excedente fue destinada a infraestructura.
La explicación parece razonable. Precisamente por eso merece una pregunta inevitable.
Si la inversión fue lo suficientemente importante como para absorber casi todo el superávit financiero, ¿dónde están las transformaciones que deberían acompañar semejante esfuerzo? Porque el presupuesto registra cuánto se gastó, pero la ciudadanía evalúa qué cambió.
No hacen falta obras monumentales. Bastaría con un inventario claro de escuelas terminadas, hospitales modernizados, rutas concluidas o sistemas de riego ampliados, acompañado por indicadores que permitan medir su impacto económico y social. La transparencia no consiste solo en informar cuánto se invirtió, sino en demostrar qué resultados produjo esa inversión.
La segunda pregunta resulta todavía más incómoda: si San Juan posee equilibrio fiscal y capacidad de ahorro, ¿por qué la Legislatura debió autorizar al Ejecutivo a buscar hasta 600 millones de dólares en financiamiento internacional?
La respuesta oficial afirma que esos recursos permitirán ejecutar obras estratégicas.
Perfecto.
Entonces también corresponde conocer cuáles serán esas obras, cuál será el costo financiero definitivo de esa deuda, cuáles serán sus plazos de devolución, qué rentabilidad económica se espera de cada proyecto y mediante qué mecanismos podrá la sociedad controlar el destino de cada dólar comprometido.
Porque la confianza no se construye pidiendo confianza. Se construye mostrando información.
Existe además otro dato que suele quedar fuera de los discursos oficiales. Mientras el Gobierno celebra el equilibrio fiscal, la provincia mantiene vigente un régimen excepcional mediante las leyes 2796-P, 2795-A y 2793-P, que prorrogan la emergencia financiera, la emergencia de la obra pública y diversas medidas extraordinarias.
No se trata de discutir la legalidad de esas herramientas. Se trata de advertir una tensión evidente. Por un lado se presenta una provincia financieramente sólida. Por otro, se considera necesario conservar instrumentos propios de una situación excepcional.
Esa coexistencia merece una explicación. Porque las emergencias no son conceptos contables. Son decisiones políticas que modifican el funcionamiento normal del Estado. Permiten suspender determinadas ejecuciones judiciales contra la administración provincial, establecer procedimientos extraordinarios y mantener facultades excepcionales que, por definición, deberían ser transitorias.
Nada de eso aparece reflejado en un gráfico de superávit. Pero también forma parte de la realidad fiscal.
Por eso la discusión nunca debió limitarse a una cifra. La verdadera pregunta es qué calidad tiene ese equilibrio. Porque un superávit puede ser el resultado de una administración eficiente.
Pero también puede convivir con postergaciones, restricciones o decisiones extraordinarias que solo el tiempo permitirá evaluar.
Ningún economista serio juzga una empresa únicamente por el saldo de su cuenta bancaria. Observa sus inversiones, sus pasivos, sus compromisos futuros y la calidad de los activos que está construyendo. Con una provincia debería ocurrir exactamente lo mismo.
Los mercados observarán los balances. Los ciudadanos observarán su vida cotidiana. Al final, ambos terminarán evaluando exactamente lo mismo: si detrás de los números existe desarrollo real o solamente una contabilidad ordenada.
Porque el verdadero superávit de un gobierno no se mide únicamente por lo que sobra en las cuentas públicas. Se mide por lo que mejora en la vida de las personas.
