Transparencia ausente
Existe un pedido formal de información sobre costos, balances y funcionarios que viajaron. No hubo respuesta completa. Y cuando el Estado promociona, vende relato y no publica números, la palabra correcta ya no es negocio: es subsidio.
Hay programas públicos que se sostienen con resultados. Y hay otros que sobreviven con fotografías.
“Origen San Juan” fue presentado como una vidriera productiva en la Costa Atlántica: productos locales, degustaciones, turistas, acuerdos comerciales, funcionarios celebrando. El relato oficial encontró góndolas, flashes y frases prolijas. Lo que no encontró —o no quiso mostrar— fue el número.
Porque la pregunta sigue siendo brutalmente simple: ¿cuánto costó sostener esa vidriera?
No cuánto se vendió en titulares.
No cuántos funcionarios sonrieron.
No cuántos turistas entraron al local.
Cuánto costó.
Según publicaciones periodísticas, el espacio funcionó en Mar del Plata y Pinamar, reunió más de 52 empresas sanjuaninas y extendió la actividad hasta Semana Santa por los supuestos buenos resultados. También se informó que el Gobierno se hizo cargo de recepción de productos, almacenamiento, logística y venta en el local.
Ahí empieza el problema.
Si el Estado paga la estructura, organiza la logística, sostiene el local, moviliza funcionarios y administra la promoción, entonces no estamos ante un negocio privado. Estamos ante una política pública financiada con recursos públicos.
Y cuando una política pública no publica sus costos, deja de ser promoción.
Pasa a ser subsidio.
Un subsidio puede ser legítimo.
Lo ilegítimo es esconderlo.
Porque detrás de cada botella de vino, cada aceite de oliva, cada dulce regional y cada pistacho exhibido hay una estructura que alguien paga. Y ese alguien no es una abstracción: es el contribuyente sanjuanino.
El relato oficial muestra productos.
No muestra contratos.
Muestra turistas.
No muestra alquileres.
Muestra funcionarios.
No muestra viáticos.
Muestra “éxito”.
No muestra balance.
Y sin balance, la palabra éxito es apenas una decoración administrativa.
La discusión no es si San Juan debe promocionar su producción. Claro que debe hacerlo. La discusión seria es otra: ¿con qué costo, con qué retorno, bajo qué control y con qué límite temporal?
Porque un negocio verdadero tiene una regla elemental: si pierde plata, alguien responde. En cambio, cuando el Estado arma una vidriera sin rendición pública, la pérdida se disuelve en el presupuesto. El funcionario inaugura. El productor vende. El ciudadano paga. Y nadie explica.
San Juan carga además con un problema institucional más grave: la provincia ha sido señalada por no contar con una ley propia de acceso a la información pública, pese a que ese derecho está reconocido y existen estándares nacionales como la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública N° 27.275 que fijan plazos y obligaciones claras.
Ese es el punto.
No estamos pidiendo un favor.
Estamos exigiendo una rendición.
En Córdoba existen portales de datos abiertos.
En Mendoza la promoción productiva se vincula a resultados medibles.
No es perfección.
Es estándar.
Acá no ocurre.
Acá el dato se reemplaza por relato.
Y el relato —sin números— es una forma elegante de ocultar.
Por eso hay tres preguntas que el gobierno debería responder sin rodeos:
¿Cuánto costó todo el programa?
¿Qué funcionarios viajaron y con qué gastos?
¿Cuál fue el retorno real para los productores y para la provincia?
Mientras esas respuestas no aparezcan, el diagnóstico es inevitable.
No es un negocio.
Es un subsidio.
Y un subsidio sin números no solo promociona productos.
Promociona una forma de poder: la que muestra la vidriera… y esconde la factura.
