Una funcionaria lo dijo sin rodeos: “los docentes van a tener que acostumbrarse a esta nueva realidad”. La frase pretendía ser administrativa, casi técnica. Pero en política las frases nunca son inocentes. Porque cuando un gobierno pide acostumbrarse, en realidad está pidiendo resignarse. Y la pregunta inevitable aparece sola, con esa obstinación que tienen las preguntas verdaderas: ¿acostumbrarse a qué exactamente?
Las frases poseen una virtud peligrosa: revelan aquello que los discursos intentan ocultar.
Un gobierno puede hablar de gestión responsable, equilibrio fiscal o modernización del Estado. Puede llenar conferencias de prensa con palabras largas que suenan prudentes y razonables. Puede incluso construir una arquitectura verbal donde todo parece ordenado, racional, administrable.
Pero a veces ocurre algo inesperado.
Una frase breve, dicha quizá con descuido, quizá con una sinceridad involuntaria, desnuda todo el sistema de prioridades de una administración.
Eso ocurrió en San Juan.
Una funcionaria provincial declaró que los docentes “van a tener que acostumbrarse a esta nueva realidad”. La frase surgió en medio del conflicto salarial que atraviesa el sistema educativo, donde miles de maestros reclaman algo tan elemental como histórico: salarios que no pierdan sistemáticamente frente a la inflación.
El comentario buscaba transmitir pragmatismo. Una especie de pedagogía de la resignación. Pero terminó revelando algo mucho más profundo.
Porque cuando el poder habla de acostumbrarse, en realidad está pronunciando otra palabra: resignarse. Y la resignación jamás ha sido una política pública. Apenas es la confesión silenciosa de que el problema se prefiere administrar antes que resolver.
La realidad selectiva
La pregunta aparece inevitablemente: ¿cuál es exactamente esa “nueva realidad” a la que deberían acostumbrarse los docentes sanjuaninos?
Porque cuando se observa el comportamiento reciente del gobierno provincial, la realidad parece dividirse en dos versiones muy distintas.
Para los maestros, la realidad es la austeridad. Para ciertas decisiones de gobierno, en cambio, la realidad parece bastante más generosa.
Hace algunos meses se conoció el acuerdo mediante el cual la provincia entregó 900.000 dólares a una aerolínea privada para incentivar su operación en San Juan. El convenio incluye, además, una cláusula que roza la literatura fantástica: si la empresa no logra vender el 85% de sus pasajes, puede retirarse del mercado sin devolver el dinero recibido.
Es decir, el riesgo empresarial desaparece. Lo absorbe el Estado.
El capitalismo —tan invocado en los discursos— se vuelve curiosamente selectivo cuando se trata de administrar fondos públicos.
Mientras tanto, el sistema educativo continúa discutiendo salarios con una paciencia que empieza a parecer resistencia civil.
El espectáculo del gasto
La política contemporánea posee una fascinación casi estética por el espectáculo.
Las inauguraciones, los anuncios, las fotografías oficiales en aeropuertos o escenarios generan más impacto inmediato que cualquier discusión silenciosa sobre salarios docentes.
San Juan no escapa a esa lógica.
Cada año la provincia organiza la Fiesta Nacional del Sol, un evento cultural importante que moviliza recursos millonarios en producción, escenografía, artistas y logística. Nadie discute su valor simbólico o turístico. Las fiestas populares forman parte de la identidad de una comunidad. Pero cuando el sistema educativo atraviesa conflictos salariales profundos, el contraste inevitable aparece.
Porque mientras se discuten pesos para mejorar el salario de los docentes, el Estado demuestra una notable capacidad para movilizar millones en espectáculos, subsidios o incentivos empresariales. Y entonces la pregunta deja de ser cultural.
Se vuelve política. No sobre la fiesta. Sino sobre las prioridades.
El valor de un maestro
Toda política presupuestaria es también una declaración moral.
Los números —esas cifras aparentemente frías— poseen una elocuencia particular cuando se las observa con detenimiento. Revelan qué actividades considera estratégicas un gobierno y cuáles quedan relegadas en la jerarquía de decisiones.
En San Juan el contraste comienza a resultar incómodo.
Cuando se trata de atraer inversiones privadas, los recursos aparecen con rapidez admirable. Cuando se trata de financiar espectáculos públicos, la maquinaria administrativa se activa sin demasiadas dudas. Pero cuando se trata de sostener el salario de quienes educan a las futuras generaciones, la conversación se vuelve prudente, técnica, restrictiva.
Los docentes escuchan explicaciones fiscales. Las empresas escuchan incentivos. La política llama a eso desarrollo. Pero el desarrollo real rara vez comienza en los aeropuertos. Suele comenzar en las aulas.
Porque un vuelo conecta ciudades. Un maestro, en cambio, conecta generaciones.
La pedagogía del desprecio
El problema, sin embargo, no es únicamente económico. Es simbólico.
Cuando una funcionaria afirma que los docentes deben acostumbrarse, está enviando un mensaje político mucho más profundo que cualquier decreto.
Está diciendo, sin decirlo explícitamente, que el conflicto educativo no es un problema del gobierno. Es un problema que deben administrar los propios docentes. Esa inversión del sentido de la función pública resulta peligrosa.
Porque el Estado existe precisamente para resolver conflictos sociales, no para naturalizarlos. Un gobierno puede equivocarse en cifras. Puede equivocarse en diagnósticos.
Pero cuando empieza a equivocarse en el valor que asigna a sus maestros, el error deja de ser administrativo. Se vuelve histórico.
Final de la clase
Tal vez la funcionaria tenía razón en algo. Quizá estamos frente a una nueva realidad.
Pero no es exactamente la que ella describía.
La verdadera nueva realidad es que cada vez más ciudadanos empiezan a mirar con atención cómo se utilizan los recursos públicos. Empiezan a comparar cifras. Empiezan a sumar decisiones. Empiezan a preguntarse por qué el dinero aparece rápido para subsidios, festivales o anuncios de gestión… y tan lentamente cuando se trata de dignificar el trabajo docente.
Porque al final la pregunta es simple. Si el Estado puede encontrar casi un millón de dólares para subsidiar una empresa privada, si puede movilizar millones para fiestas, espectáculos y pauta, ¿por qué parece tan difícil encontrar recursos suficientes para pagar dignamente a quienes sostienen el sistema educativo?
Tal vez esa sea la verdadera realidad de la que hablaba la funcionaria. Una realidad incómoda. Una realidad donde el poder pide resignación a los maestros… mientras el bolsillo del gobierno, curiosamente, siempre parece estar asegurado.
