Entre validaciones anunciadas, irregularidades insinuadas y controles sin métricas públicas, la administración educativa vuelve a confiar en una fórmula conocida: la narrativa de eficiencia sin la incomodidad de la evidencia.
La vieja liturgia del control
En la administración pública sanjuanina persiste una tradición tan constante como incómoda: el control suele proclamarse con una seguridad inversamente proporcional a la cantidad de datos que lo respaldan. Se anuncian validaciones, se invocan mecanismos preventivos, se alude a desvíos y reventas; pero cuando llega la hora de las cifras —las únicas capaces de separar la gestión real del decorado burocrático— el silencio se vuelve ensordecedor. El Estado afirma que controla; el ciudadano, mientras tanto, apenas puede verificar que se lo han dicho.
El lenguaje como garantía
La escena es conocida y, por ello mismo, inquietante. Toda política pública aparece envuelta en un lenguaje de racionalidad técnica: validación, supervisión, prevención, resguardo. Nadie discute la necesidad de proteger bienes financiados con recursos colectivos. Nadie podría objetar que los dispositivos escolares permanezcan en manos de los estudiantes. Sin embargo, entre la legitimidad del objetivo y la eficacia del mecanismo se abre una grieta que rara vez es examinada con el rigor que merece: la de la evidencia ausente, ese territorio donde las certezas oficiales flotan sin la gravedad incómoda de los números.
Cuando la irregularidad aparece
Porque el problema, a esta altura, ya no parece residir en la mera existencia de irregularidades —las denuncias, según se admite, existen y circulan en los márgenes incómodos de la administración— sino en una dimensión más silenciosa y, por ello mismo, más perturbadora: la fragilidad de los mecanismos institucionales destinados a responder cuando esas irregularidades emergen. La cuestión deja de ser cuantitativa para volverse estructural. No se trata únicamente de cuántos casos hay, sino de qué hace el sistema cuando los casos aparecen.
Allí donde deberían operar protocolos definidos, circuitos administrativos previsibles y criterios de actuación transparentes, asoma con frecuencia un terreno difuso, incierto, burocráticamente nebuloso. Y en ausencia de procesos claros, la denuncia —esa herramienta que en teoría activa al Estado— corre el riesgo de degradarse en un gesto inofensivo, más próximo al expediente que a la resolución. El problema, entonces, ya no es tecnológico ni siquiera delictivo: es, de manera inevitable, institucional.
Datos versus enunciados
El Estado, que debería hablar en estadísticas, suele refugiarse en enunciados.
Y la diferencia no es menor. Las cifras delimitan la realidad; las afirmaciones apenas la sugieren. Los números obligan a la precisión; el discurso permite la elasticidad política. Cuando una política pública se apoya más en formulaciones tranquilizadoras que en datos verificables, el control deja de ser un sistema técnico para convertirse en una categoría narrativa. Algo existe no porque haya sido medido, sino porque ha sido anunciado.
La ilusión del procedimiento
La validación de netbooks puede ser, en teoría, un procedimiento perfectamente legítimo. La trazabilidad de activos públicos constituye una práctica elemental en cualquier estructura administrativa moderna. Pero su eficacia no depende del anuncio, sino de la infraestructura silenciosa que lo sostiene: inventarios digitales integrados, auditorías independientes, métricas públicas, protocolos de actuación, mecanismos de seguimiento.
Sin estas piezas, el control corre el riesgo de transformarse en una liturgia burocrática: dispositivos exhibidos, registros completados, tranquilidad administrativa.
Una sensación de orden que no necesariamente equivale a control real.
Una constante sanjuanina
La experiencia sanjuanina ofrece abundantes antecedentes donde la formalidad procedimental convivió sin sobresaltos con la debilidad estructural de los mecanismos de supervisión. No por ausencia de normativas —la regulación es, de hecho, una de nuestras especialidades históricas— sino por una dificultad más profunda: la persistente distancia entre el diseño administrativo y la capacidad efectiva de verificación. El papel ordena; la realidad, con obstinación casi pedagógica, desborda.
La prevención como refugio
En ese contexto, la prevención emerge como concepto redentor. Toda política contemporánea se presenta como preventiva. Nadie gobierna ya bajo la bandera del castigo; el lenguaje exige moderación técnica, racionalidad institucional, prudencia conceptual. Pero la prevención sin métricas públicas es apenas una promesa semántica.
Prevenir implica demostrar reducción de riesgos, mejora de indicadores, corrección de desvíos. Sin datos comparables, el éxito del programa queda, inevitablemente, librado a la percepción.
El control, entonces, comienza a depender más de la confianza que de la verificación.
La tecnología como argumento
Otro elemento revelador reside en la frecuente invocación de sistemas tecnológicos de bloqueo o restricción. Técnicamente plausibles, desde luego. Habituales incluso en entornos educativos. Pero nuevamente surge la pregunta incómoda: ¿qué sistema?, ¿bajo qué administración?, ¿con qué alcance?, ¿con qué grado de efectividad?, ¿auditado por quién?
La tecnología, en la narrativa estatal, suele operar como garantía implícita, no como objeto de examen público.
Se confía en su existencia con la misma naturalidad con la que se evita describir su funcionamiento.
El núcleo del problema
Nada de esto implica negar la posibilidad de desvíos reales. Sería ingenuo suponer que programas masivos de distribución tecnológica estén exentos de pérdidas, robos o abusos. La cuestión central es otra: la diferencia entre un problema diagnosticado con evidencia y un problema invocado como soporte narrativo. Entre la gestión medible y la gestión declamada. Entre la transparencia comprobable y la transparencia enunciada.
Porque, en materia de administración pública, la credibilidad no se construye mediante solemnidad verbal, sino mediante información contrastable.
Una verdad inevitable
Al final, ¿qué importa cuánto costaron, cuántas fueron, a quiénes se entregaron o si hoy se venden en el mercado negro? La foto ya salió. Y el dinero, como siempre, no era de nadie en particular: era —silenciosa y obedientemente— de los contribuyentes.
