La peligrosa memoria del militarismo peruano y las sombras de una historia que amenaza con repetirse.
Hay fotografías que no necesitan demasiadas explicaciones porque la historia ya se encargó de escribir sus antecedentes. Una figura política rodeada de militares encapuchados, una escenografía de fuerza y una frase que pretende demostrar autoridad. “Los perros ladran, señal que avanzamos”. En cualquier democracia semejante puesta en escena debería provocar preguntas. En el Perú, donde los uniformes todavía arrastran los fantasmas de una guerra librada dentro de nuestras propias fronteras, las preguntas resultan inevitables.
No es solamente lo que se dice. Es quién lo dice, dónde lo dice y quiénes aparecen detrás.
Porque cuando el apellido Fujimori vuelve a encontrarse con los militares frente a las cámaras, la memoria peruana tiene motivos suficientes para desconfiar de las casualidades.
El Perú conoce demasiado bien esa vieja costumbre latinoamericana de presentar la fuerza como una virtud política y la discrepancia como una amenaza contra la patria. La conoció durante el gobierno de Alberto Fujimori, cuando el discurso de la pacificación terminó conviviendo con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y una maquinaria de inteligencia que convirtió la persecución política en una práctica del poder.
Barrios Altos y La Cantuta no son nombres destinados a decorar los capítulos más oscuros de los libros de historia. Son heridas abiertas en la conciencia nacional. Allí hubo víctimas concretas, responsabilidades judicialmente establecidas y familias que durante décadas tuvieron que enfrentarse a una verdad incómoda. El Estado, aquella institución que debía protegerlas, había participado en los crímenes.
Pero nuestra tragedia comenzó mucho antes.
Accomarca, Cayara, Putis y Pucayacu forman parte de una geografía del horror que ningún desfile militar podrá borrar. El militarismo peruano no ocupa los capítulos más oscuros de nuestra memoria por las victorias que pueda exhibir, sino por las atrocidades cometidas dentro de nuestras propias fronteras. Hubo militares que confundieron el uniforme con la impunidad, la defensa de la patria con el derecho a disponer de la vida ajena y la lucha contra el terrorismo con una licencia para desaparecer, torturar y violar a ciudadanos inocentes.
No conquistaron territorios ni derrotaron ejércitos extranjeros. Algunos encontraron en una guerra librada contra sus propios compatriotas la oportunidad de construir una gloria que todavía pretenden reclamar. Y aunque hubo quienes cumplieron su deber con honor, otros dejaron una herencia de fosas clandestinas, mujeres violentadas, campesinos asesinados y familias condenadas a buscar durante décadas los restos de sus desaparecidos.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó aquella violencia y las responsabilidades tanto de las organizaciones terroristas como de agentes estatales. La derrota de Sendero Luminoso no puede borrar esos crímenes ni transformar a sus responsables en héroes. Una nación puede agradecer a quienes la defendieron del terrorismo sin absolver a quienes, en nombre de esa misma defensa, terminaron practicando el terror.
La patria no se honra solamente con un uniforme. Se honra respetando la vida de aquellos a quienes se juró proteger.
Y, sin embargo, el Perú parece condenado a discutir periódicamente si el miedo puede volver a ser una forma legítima de gobierno.
Los autoritarismos no siempre llegan anunciando el final de la democracia. A veces se presentan prometiendo salvarla. Hablan de seguridad, orden y recuperación de la autoridad. Encuentran una sociedad agotada por la delincuencia, la corrupción y la incapacidad de sus instituciones, y le ofrecen una respuesta tan sencilla como peligrosa. Menos preguntas y más obediencia.
La seguridad deja entonces de ser una política pública sometida al control constitucional para convertirse en un espectáculo de poder. Y el espectáculo necesita enemigos.
La reciente aparición de Keiko Fujimori junto a efectivos militares, acompañada de una frase despectiva hacia sus críticos, obliga a reflexionar sobre esa peligrosa relación entre autoridad y fuerza. No porque la presencia de soldados demuestre por sí misma una política de terrorismo de Estado, sino porque la utilización política de la imagen militar adquiere un significado particular en una sociedad que conoce las consecuencias de la violencia ejercida desde el poder.
Las Fuerzas Armadas no están para respaldar las disputas personales de los gobernantes, ni los cuarteles deberían convertirse en el decorado de una confrontación entre el Ejecutivo y sus adversarios. La Constitución no fue escrita para que un presidente encuentre entre uniformados la autoridad que debe construir mediante argumentos.
Discrepar de un gobierno no equivale a defender el terrorismo. Cuestionar una política de seguridad no convierte a nadie en cómplice de los delincuentes. Exigir explicaciones tampoco constituye una agresión contra la patria.
Durante los años noventa, el miedo al terrorismo sirvió también para justificar abusos que terminaron destruyendo vidas inocentes. La violencia de Sendero Luminoso fue real y brutal. También lo fueron los crímenes cometidos por agentes del Estado. Reconocer unos no obliga a justificar los otros. Esa es precisamente la diferencia entre la memoria histórica y la propaganda.
El viejo recurso del terruqueo continúa ofreciendo una salida cómoda para quienes prefieren desacreditar al interlocutor antes que responder sus argumentos. Basta insinuar una proximidad con el terrorismo para desplazar la discusión desde las responsabilidades del poder hacia la supuesta peligrosidad de quien pregunta.
Y cuando esa insinuación se formula frente a hombres armados, adquiere una dimensión simbólica que ninguna democracia debería considerar irrelevante.
El Perú enfrenta una crisis de inseguridad que exige políticas eficaces. Nadie puede pedirle a una sociedad extorsionada, amenazada o asesinada que renuncie a reclamar protección. Pero combatir la delincuencia no otorga una licencia para debilitar los contrapesos republicanos. La eficacia de una política de seguridad debe medirse por sus resultados, su legalidad y su capacidad para proteger derechos, no por la cantidad de uniformados que acompañan un discurso.
Existe algo revelador en aquella frase de los perros que ladran. No porque sea particularmente original, sino porque establece una relación entre el poder y sus críticos. El gobernante avanza. Los demás ladran. La crítica deja de ser una expresión política legítima para convertirse en un ruido molesto que acompaña la marcha de quienes se consideran dueños del camino.
Las palabras de quienes ejercen el poder nunca son completamente inocentes. Construyen climas políticos, establecen jerarquías y revelan la manera en que entienden el desacuerdo.
Las democracias no desaparecen necesariamente de una sola vez. También pueden deteriorarse mediante pequeñas renuncias, silencios convenientes y la aceptación progresiva de que determinadas libertades constituyen obstáculos para gobernar.
El Perú ya conoce el precio de confundir el uniforme con el honor, la fuerza con la autoridad y el silencio con la paz. Lo pagó con miles de muertos, desaparecidos, mujeres violadas y familias que todavía buscan entre las fosas lo que la violencia les arrebató. Por eso, cuando el poder vuelve a rodearse de militares y desprecia a quienes se atreven a cuestionarlo, no estamos obligados a olvidar ni a guardar silencio. La historia no absuelve a los verdugos porque hayan vestido uniforme ni convierte sus crímenes en hazañas porque los cometieron en nombre de la patria.
Que los perros ladren, entonces. Que ladren hasta despertar a un país que demasiadas veces confundió el miedo con el respeto. Porque si algo debería haber aprendido el Perú de su propia tragedia es que el verdadero peligro nunca estuvo en los ciudadanos que se atrevieron a levantar la voz, sino en el terrorismo de Estado ejercido por aquellos hombres que, amparados por el poder y las armas, creyeron tener derecho a silenciarlos para siempre.
