América Latina tiene una curiosa habilidad para cambiar de gobierno sin cambiar de problemas. Cada cierto tiempo la región gira a la izquierda, después se asusta, dobla a la derecha y, cuando descubre que tampoco allí estaba la tierra prometida, vuelve a comenzar. Cambian los presidentes, las consignas, las fotografías en los despachos y hasta los enemigos. Los pobres, en cambio, suelen permanecer bastante más tiempo que quienes prometieron terminar con la pobreza.
Ahora vuelve a instalarse una explicación cómoda. Los gobiernos progresistas pierden porque redistribuyen demasiado, porque gastan hasta encontrarse con el fondo de la caja y porque llega un momento en que el Estado ya no puede seguir financiando aquello que prometió. Hay algo de verdad en ese razonamiento. El problema comienza cuando una verdad parcial pretende explicar todo un continente.
Quizá la izquierda latinoamericana no haya fracasado por gobernar demasiado para los pobres. Quizá su fracaso haya sido bastante más incómodo. Administró la pobreza mucho mejor de lo que consiguió destruir las estructuras que la producen.
Durante años millones de latinoamericanos recibieron transferencias, subsidios, aumentos salariales, jubilaciones y programas sociales. Y estuvo bien. Resulta difícil hablar de libertad frente a un plato vacío. La democracia también se mide en la mesa de una familia, en la posibilidad de mandar un hijo a la escuela o de llegar a fin de mes sin convertir cada compra en una tragedia doméstica.
Pero distribuir riqueza y producirla son dos asuntos distintos.
Un Estado puede corregir desigualdades, intervenir, transferir recursos y proteger a quienes quedaron afuera. Lo que no puede hacer indefinidamente es repartir una riqueza que su economía no genera. Cuando la inversión se estanca, la productividad no crece y el empleo privado deja de expandirse, tarde o temprano aparece una palabra que ningún discurso consigue eliminar del presupuesto. Límite.
La derecha latinoamericana, sin embargo, tampoco debería festejar demasiado esta conclusión. Su diagnóstico suele cometer el pecado inverso. Imagina que basta reducir al Estado, flexibilizar mercados, disciplinar salarios y liberar al capital para que la prosperidad comience a descender mansamente hacia los pisos inferiores.
Llevamos décadas esperando ese ascensor.
Tal vez nunca lo instalaron.
Entre una izquierda que creyó que distribuir era suficiente y una derecha que todavía espera que la riqueza derrame por gravedad, América Latina quedó atrapada en una discusión absurda. Nos hicieron elegir entre crecimiento y distribución, entre empresa y trabajador, entre capital e inclusión, como si una economía pudiera funcionar durante mucho tiempo amputándose una mitad.
Brasil conoce bien esa historia. Durante los primeros gobiernos de Lula millones de personas mejoraron sus condiciones de vida mientras una economía favorecida por un extraordinario ciclo internacional permitía financiar buena parte de aquella transformación. Familias que habían vivido durante generaciones mirando el consumo desde afuera comenzaron a entrar.
Y entonces ocurrió algo que la política suele comprender demasiado tarde.
El pobre que mejora deja de pedir solamente comida.
Primero quiere llenar la heladera. Después quiere una casa. Luego un automóvil. Quiere que su hijo llegue a la universidad. Quiere viajar. Quiere caminar por la calle sin miedo. Quiere hospitales que funcionen, escuelas donde se aprenda y funcionarios que no roben.
En algún momento incluso comienza a preguntarse por qué debería agradecer aquello que considera un derecho.
Ahí empieza el verdadero problema del poder.
Porque el ciudadano que ayer celebraba una transferencia mañana puede considerar que esa transferencia ya no alcanza. No necesariamente porque sea ingrato, sino porque progresó. Sus expectativas crecieron junto con sus ingresos. El Estado ayudó a modificar su realidad y, al hacerlo, también modificó al ciudadano.
La política social puede fabricar, paradójicamente, al elector que un día castigará al gobierno que la creó.
México enfrenta ahora su propia versión de ese dilema. Los programas sociales pueden aliviar desigualdades y ofrecer una red indispensable a millones de personas, pero ninguna transferencia reemplaza indefinidamente un empleo productivo. Ningún subsidio puede convertirse en proyecto de desarrollo y ninguna mejora salarial puede descansar eternamente sobre decisiones administrativas si detrás no crecen la productividad, la inversión y la economía real.
La dignidad no consiste únicamente en recibir.
Consiste también en dejar de necesitar recibir.
Y allí muchos gobiernos populares comenzaron a confundirse. Transformaron políticas concebidas como puentes en lugares de residencia permanente. Midieron el éxito por la cantidad de beneficiarios incorporados cuando quizá deberían haberlo medido también por la cantidad de personas capaces de abandonar esos programas porque sus vidas habían mejorado.
La pobreza terminó convirtiéndose en una estadística administrativa.
Pero los pobres votan.
Y no votan solamente con el bolsillo.
Votan con miedo cuando la inseguridad entra en el barrio. Votan con rabia cuando descubren corrupción. Votan con frustración cuando sus hijos terminan la universidad y no encuentran trabajo. Votan con memoria cuando las promesas envejecen. Y también votan contra la soberbia de aquellos gobiernos que alguna vez comienzan a sospechar que haber ayudado a alguien les concede derechos sobre su voto.
Los pobres no pertenecen a la izquierda.
Los trabajadores tampoco.
Como tampoco la clase media pertenece necesariamente a la derecha.
El voto no es una escritura de propiedad.
Ese quizá sea uno de los errores más profundos de cierta política latinoamericana. Confundir política social con fidelidad electoral. Imaginar que una transferencia produce gratitud permanente y que esa gratitud puede cobrarse cada cuatro años frente a una urna.
Pero la democracia no funciona como una libreta de fiado.
Y por fortuna.
El problema tampoco se resuelve entregando todo al mercado. Una sociedad donde la economía crece mientras la riqueza se concentra puede mostrar excelentes gráficos y producir pésimas democracias. Cuando una parte de la población contempla desde afuera cómo otros prosperan, tarde o temprano también aparece el resentimiento. Y el resentimiento, cuando encuentra una urna, aprende rápidamente a votar.
Por eso el péndulo latinoamericano continúa moviéndose.
La izquierda llega prometiendo justicia social y descubre los límites de una economía que no consiguió transformar. La derecha llega prometiendo crecimiento y descubre que los números macroeconómicos no consuelan demasiado a quien no llega a fin de mes. Después aparece otro candidato, otra consigna, otro color y nuevamente nos prometen que esta vez encontraron la fórmula.
Mientras tanto, el mismo hombre se levanta temprano, toma el mismo colectivo, paga impuestos, mira cuánto cuesta la comida y escucha por la radio que el país finalmente está despegando.
Hace décadas que América Latina despega.
Lo extraño es que todavía seguimos en la pista.
Quizá porque el verdadero desafío nunca fue decidir entre crecer o distribuir. Hay que producir riqueza y distribuir oportunidades. Crear empresas y formar trabajadores. Atraer capital y exigir instituciones. Generar empleo y proteger a quien queda temporalmente afuera. Tener mercado sin convertirlo en religión y tener Estado sin convertirlo en refugio de incompetentes.
Gobernar para los pobres, entonces, no puede significar conservarlos como categoría política.
Debería significar exactamente lo contrario.
Que el hijo del trabajador no necesite la ayuda que necesitó su padre. Que una familia pueda abandonar un subsidio porque consiguió estabilidad. Que una generación pueda mirar hacia atrás y descubrir que aquello que alguna vez fue asistencia terminó convertido en autonomía.
Porque la verdadera victoria de una política social no consiste en anunciar cada año que existen millones de nuevos beneficiarios.
Consiste en poder anunciar, algún día, que millones dejaron de necesitarlos.
Todo lo demás puede servir para ganar elecciones, construir relatos y llenar discursos.
Pero existe una distancia enorme entre administrar la pobreza y derrotarla.
Y América Latina lleva demasiado tiempo administrándola.
