El periodismo peruano nació antes que el Perú.
No es una licencia literaria. Cuando apareció nuestro primer diario todavía no existía la República, no teníamos presidentes, Congreso ni esa extraordinaria afición nacional por cambiar constituciones y conservar problemas. Éramos un virreinato, la palabra impresa necesitaba permiso y la libertad de prensa era apenas una idea peligrosa que todavía no había aprendido a pronunciar su propio nombre.
Quizá por eso la historia del periodismo peruano puede leerse también como la historia de nuestra relación con el poder. A veces frente a él. A veces debajo de él. Y algunas veces, demasiadas, sentado cómodamente a su mesa.
El 1 de octubre de 1790 apareció el Diario de Lima, impulsado por Francisco Antonio Cabello y Mesa, quien firmaba como Jaime Bausate y Meza. Su nombre completo, Diario de Lima, diario curioso, erudito, económico y comercial, era casi una declaración de intenciones. Publicaba noticias, asuntos económicos, movimiento marítimo, educación, minería y avisos. Había nacido un periódico en una sociedad que todavía no había nacido como nación.
Pero tampoco conviene romantizar demasiado aquella escena de tinta, papel y hombres ilustrados.
Bausate necesitó autorización del virrey Francisco Gil de Taboada y Lemos. Nuestro periodismo comenzó pidiendo permiso al poder para existir. Y en aquellas páginas podían encontrarse incluso avisos relacionados con la venta de esclavos. La contradicción merece permanecer porque la historia que solo recuerda sus grandezas termina pareciéndose demasiado a la propaganda.
La prensa peruana nació así, entre la ilustración y el poder, entre la necesidad de contar y los límites de aquello que podía contarse.
Pocos meses después apareció el Mercurio Peruano, vinculado a la Sociedad de Amantes del País y asociado a figuras como Hipólito Unanue, José Baquíjano y Carrillo y José María Egaña. Allí comenzó algo todavía más interesante. Ya no bastaba con contar barcos, mercancías o acontecimientos. Había que preguntarse qué era aquel territorio y quiénes éramos quienes lo habitábamos.
Antes de que existiera formalmente el Perú, algunos hombres comenzaron a imaginarlo escribiendo.
Después llegó la República y con ella casi todo lo demás. Independencia, caudillos, guerras civiles, constituciones, golpes de Estado, dictaduras, democracias, nuevas dictaduras y nuevas democracias. El Perú desarrolló una sorprendente habilidad para cambiar de gobernantes sin resolver necesariamente sus viejos problemas.
Y siempre hubo prensa.
Hubo periódicos enfrentando al poder y periódicos justificándolo. Periodistas perseguidos y periodistas protegidos. Redacciones clausuradas y redacciones privilegiadas. Hombres que perdieron libertad por publicar y otros que descubrieron que estar cerca del gobierno podía resultar bastante más rentable que investigarlo.
Con los años, el oficio llegó a las aulas. San Marcos creó su Instituto de Periodismo en 1947 y en 1958 comenzó a funcionar el Instituto Libre de Periodismo Jaime Bausate y Meza. En 1953 se había instituido oficialmente el 1 de octubre como Día del Periodista y, en 1965, la Ley 15630 avanzó en el reconocimiento profesional de la actividad.
Pero un título nunca resolvió el problema esencial.
Informar no consiste en sostener un micrófono. Investigar exige método. Contrastar requiere disciplina. Acusar exige pruebas. Publicar supone responsabilidad.
Y preguntar requiere algo bastante más escaso.
Independencia.
Después cambiaron las máquinas. La tinta convivió con la radio, la radio con la televisión, la televisión con internet y todos terminaron dentro de un teléfono que cabe en el bolsillo. Nunca hubo tanta información disponible ni tanta gente con capacidad para producirla.
Multiplicamos los medios.
No necesariamente multiplicamos el periodismo.
El Perú conoce perfectamente esa contradicción. Ha tenido y tiene periodistas honestos que investigan aun cuando hacerlo significa enfrentarse al poder político, económico o criminal. Periodistas amenazados, perseguidos e incluso asesinados por preguntar demasiado. Personas que entendieron algo elemental; la libertad de prensa sirve de poco cuando quien tiene el micrófono decide voluntariamente callar.
Pero también hemos tenido y seguimos teniendo periodistas condenados por la Justicia, comunicadores que confundieron la libertad de expresión con una licencia para acusar sin demostrar y personajes mediáticos que descubrieron que el poder podía ser menos una materia de investigación que una fuente de ingresos.
Y descendimos todavía un poco más.
Periodistas, empresarios y propietarios de medios relacionados con tramas de corrupción y negociaciones clandestinas con el poder. El régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos dejó imágenes difíciles de borrar. Los vladivideos mostraron políticos negociando favores, pero también expusieron acuerdos relacionados con medios y mecanismos destinados a influir sobre líneas editoriales.
Entonces comprendimos algo que deberíamos haber aprendido mucho antes.
Para domesticar a la prensa no siempre hace falta censurarla.
A veces alcanza con comprarla.
Una democracia puede comenzar a pudrirse mientras los periódicos siguen circulando, las cámaras continúan encendidas y los periodistas hablan todas las noches. Basta con que algunos hayan aprendido qué preguntas no deben formular, qué nombres conviene evitar y qué silencios tienen precio.
Porque existe el periodista que se vende y también el que resiste. El que recibe para callar y el que pierde por publicar. El que transforma el micrófono en prolongación del gobierno y el que lo utiliza para incomodarlo. El que investiga al delincuente y el que termina demasiado cerca de aquello que debería investigar.
Todos pueden llamarse periodistas.
La palabra no garantiza nada.
Una credencial acredita una actividad. Un título demuestra una formación. Ninguno certifica honestidad. El respeto no viene impreso junto al diploma. Se conquista con aquello que uno investiga, con aquello que publica y, quizá sobre todo, con aquello que se niega a vender.
Por eso la historia del periodismo peruano también debe escribirse con sus zonas oscuras. Con los sobres, los favores, las campañas disfrazadas de noticias, las operaciones presentadas como investigaciones y los silencios convenientemente remunerados.
Cuando se corrompe un funcionario, traiciona la función que le fue confiada.
Cuando se corrompe un periodista ocurre algo todavía más grave.
Puede ayudar a esconder la corrupción de todos los demás.
La Constitución puede reconocer la libertad de información, opinión y expresión. Puede proteger nuestra voz frente al poder. Lo que ninguna Constitución puede hacer es obligarnos a conservar la dignidad.
La ley puede proteger nuestra voz.
No puede impedir que la vendamos.
Han pasado más de dos siglos desde aquel diario que necesitó autorización de un virrey. Cambiaron las imprentas, los gobiernos, las tecnologías y hasta la manera de consumir noticias. Lo que no debería cambiar es la pregunta.
De qué lado estamos escribiendo.
Porque el periodismo no nació para caminar detrás del poder, acomodarle el discurso ni sostenerle el micrófono mientras habla.
Nació para contar su tiempo.
Y cuando verdaderamente hace su trabajo, consigue algo que ningún poder termina de soportar demasiado bien.
Lo obliga a rendir cuentas.
