Estados Unidos vuelve a organizar una arquitectura de seguridad para América Latina. El enemigo ya no se llama comunismo ni subversión. Ahora se llama narcoterrorismo. El Escudo de las Américas no es el Plan Cóndor, pero algunas semejanzas obligan a mirar más allá de las fotografías oficiales y preguntarnos quién define al enemigo, quién comparte la inteligencia y quién controla a quienes prometen protegernos.
En 1975 eligieron un pájaro. En 2026 eligieron un escudo.
Tal vez los nombres sean apenas nombres, pero la política internacional siempre ha tenido cierta debilidad por los símbolos. El cóndor vuela, observa desde arriba y atraviesa fronteras. El escudo protege, cubre y también oculta a quien está detrás. Medio siglo separa ambas imágenes y sería irresponsable afirmar que representan lo mismo. Sería igualmente irresponsable no mirar con atención lo que comienza a construirse detrás de la segunda.
El 7 de marzo de 2026, Donald Trump reunió en Miami a mandatarios latinoamericanos para impulsar el Escudo de las Américas, una estrategia de cooperación regional destinada, según su proclamación, a combatir cárteles, narcotráfico y organizaciones consideradas terroristas. Javier Milei estuvo allí.
Hasta aquí, nada extraordinario. El narcotráfico existe, mata, compra funcionarios, atraviesa fronteras y dispone de fortunas capaces de corromper instituciones completas. Ningún Estado puede combatir solo organizaciones que hace tiempo dejaron de respetar mapas.
El problema aparece unas líneas después.
La proclamación estadounidense no habla únicamente de drogas. Incluye entrenamiento y movilización de fuerzas militares de los países asociados y establece el propósito de mantener fuera del hemisferio determinadas amenazas e «influencias extranjeras perjudiciales».
Entonces el escudo comienza a parecer más grande.
Porque una cosa es perseguir un cargamento de cocaína y otra decidir qué influencia extranjera resulta perjudicial para América Latina. Y allí aparece una pregunta incómoda que no responde ninguna fotografía presidencial.
¿Quién decide?
En noviembre de 1975, representantes de los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay se reunieron en Santiago. De aquellas reuniones nació la coordinación que conoceríamos como Plan Cóndor. No fue simplemente cooperación entre Estados. Terminó convertida en una estructura clandestina de persecución transnacional que permitió localizar, secuestrar, torturar y asesinar opositores políticos más allá de las fronteras nacionales.
Eso está documentado. No necesita exageraciones.
También está documentado el conocimiento que distintas agencias estadounidenses tuvieron sobre actividades de aquella coordinación. Los archivos desclasificados permiten reconstruir una relación mucho más compleja que la cómoda simplificación de imaginar a Washington manejando cada hilo desde una oficina. Hubo conocimiento, cooperación, tensiones internas, advertencias y decisiones que todavía hoy permiten discutir responsabilidades.
Por eso conviene colocar una frontera antes de continuar.
El Escudo de las Américas no es el Plan Cóndor.
Al menos no existe hasta ahora evidencia pública suficiente para afirmarlo.
El Cóndor funcionó bajo dictaduras y ejecutó terrorismo de Estado. El Escudo nació públicamente entre gobiernos constitucionales y declara como objetivo enfrentar organizaciones criminales.
La comparación seria comienza precisamente después de reconocer esa diferencia.
Porque los sistemas no necesitan ser idénticos para que determinados mecanismos merezcan vigilancia.
Inteligencia compartida. Fuerzas militares coordinadas. Un enemigo definido regionalmente. Una potencia dominante organizando la estrategia. Operaciones que pueden atravesar fronteras. Y ahora un concepto particularmente elástico, las influencias extranjeras perjudiciales.
Ahí está la cuestión.
China es hoy uno de los principales actores económicos de América Latina. Compra minerales y alimentos, financia infraestructura, participa en proyectos energéticos y controla o interviene en instalaciones estratégicas. Estados Unidos observa esa expansión como parte de una competencia global mucho mayor.
Por eso resulta legítimo preguntar si el Escudo pretende limitarse a perseguir narcotraficantes o terminará convirtiéndose también en una herramienta dentro de esa disputa geopolítica.
No afirmarlo.
Preguntarlo.
Esa pequeña diferencia separa al periodismo de la propaganda.
Argentina, además, tiene un problema propio. Milei puede compartir políticamente la estrategia de Trump, pero la fotografía de dos presidentes no reemplaza la Constitución. Determinados compromisos internacionales y actuaciones de fuerzas militares están sometidos a competencias legales y parlamentarias que no desaparecen porque exista afinidad entre gobiernos.
En marzo, incluso surgieron pedidos de información en la Cámara de Diputados sobre el alcance de la participación argentina.
Y allí aparece la pregunta que debería interesarnos mucho más que cualquier declaración diplomática.
¿Qué firmamos?
No qué dijo Trump. No qué publicó Milei. No qué explicó una oficina de prensa.
Qué firmó la Argentina, qué obligaciones asumió, qué información compartirá, qué operaciones permitirá, cuánto costará y quién podrá controlarlas.
Eso es periodismo.
Porque existe una costumbre latinoamericana bastante curiosa. Los gobiernos anuncian acuerdos históricos y los ciudadanos conocemos los detalles cuando la historia ya ocurrió.
El Escudo también introduce otro problema. Cuando el narcotráfico pasa a denominarse narcoterrorismo, no estamos solamente cambiando una palabra. Estamos modificando la categoría del enemigo y, potencialmente, las herramientas utilizadas para combatirlo.
La policía investiga delitos. Las Fuerzas Armadas enfrentan amenazas militares.
Cuando ambas fronteras comienzan a mezclarse conviene saber exactamente dónde termina una y comienza la otra.
No porque todo militar sea represor ni porque toda política de seguridad esconda una dictadura. Ese razonamiento sería infantil. Precisamente porque existen amenazas reales debemos exigir que los instrumentos utilizados para combatirlas tengan límites igualmente reales.
El Plan Cóndor nos dejó una enseñanza menos espectacular que las películas sobre dictaduras, pero mucho más útil.
El horror también puede comenzar administrativamente.
Primero se intercambia información. Después se coordinan organismos. Luego aparece un enemigo común. Más tarde alguien considera que las leyes existentes dificultan demasiado la tarea. Y finalmente llega la frase que suele justificar casi cualquier exceso; las circunstancias son excepcionales.
No sabemos si el Escudo recorrerá siquiera el primero de esos caminos.
Por eso debemos observarlo ahora.
No dentro de treinta años, cuando algún gobierno estadounidense desclasifique carpetas y descubramos qué significaban realmente aquellas palabras cuidadosamente elegidas en 2026.
Quizás encontremos entonces que el Escudo funcionó, debilitó organizaciones criminales y salvó vidas. Sería una buena noticia.
Quizás encontremos otra cosa.
El periodista no tiene derecho a inventar esa respuesta antes de que existan pruebas.
Pero sí tiene la obligación de hacer la pregunta antes de que sea demasiado tarde.
En 1975 lo llamaron Cóndor.
En 2026 lo llamaron Escudo.
Entre ambos hay cincuenta años, democracias recuperadas, muertos que todavía faltan, archivos abiertos y una América Latina que debería haber aprendido algo.
Por eso la cuestión no es si el Escudo de las Américas es un nuevo Plan Cóndor.
La cuestión es bastante más sencilla.
¿Qué estamos dispuestos a entregar para sentirnos protegidos y quién vigilará, esta vez, al que sostiene el escudo?
