Hay instituciones que continúan existiendo aun después de haber perdido aquello que las justificaba.
Conservan uniformes, himnos, ceremonias y desfiles. Mantienen intacta la escenografía del honor. Pero internamente algo ya se ha roto.
La historia del militarismo peruano parece escrita precisamente sobre esa contradicción.
Durante gran parte de la República, el Perú convivió con militares que no solamente defendían fronteras: también gobernaban. El país pasó décadas acostumbrándose a golpes de Estado, juntas militares y caudillos armados que aparecían cada vez que la política civil fracasaba. Sánchez Cerro, Odría, Velasco Alvarado y Morales Bermúdez fueron distintas expresiones de una misma tradición: la idea de que los uniformes podían corregir el rumbo moral de la nación.
Pero la gran tragedia peruana no fue tener demasiados militares en política.
La verdadera tragedia ocurrió cuando parte de esas Fuerzas Armadas terminaron asociadas al sistema de corrupción más sofisticado de la historia republicana del Perú.
En Historia de la corrupción en el Perú, Alfonso Quiroz sostiene que la corrupción peruana no fue un accidente ocasional sino una práctica estructural que atravesó gobiernos, instituciones y grupos de poder. Los años noventa simplemente llevaron ese mecanismo a un nivel industrial.
La década comenzó marcada por el miedo. Sendero Luminoso y el MRTA habían convertido extensas regiones del país en territorios dominados por la violencia. El Perú parecía acercarse al colapso.
En ese contexto apareció Alberto Fujimori prometiendo orden.
Y mientras gran parte del país celebraba la derrota estratégica del terrorismo y la estabilidad económica, otra estructura comenzaba a consolidarse en silencio.
Su arquitecto se llamaba Vladimiro Montesinos.
La ironía resulta brutal.
El hombre que terminaría controlando buena parte de las Fuerzas Armadas había sido expulsado años antes del propio Ejército. Sin embargo, desde el Servicio de Inteligencia Nacional construyó una red capaz de penetrar prácticamente todo el aparato estatal. Congreso. Poder Judicial. Medios de comunicación. Inteligencia. Policía. Fuerzas Armadas.
La corrupción dejó de ser una desviación.
Se convirtió en sistema.
Y la guerra interna ayudó a crear el escenario perfecto para esa degradación.
Durante años, las llamadas zonas de emergencia recibieron enormes presupuestos públicos bajo criterios de secreto militar, excepcionalidad jurídica y escasa fiscalización civil. El combate contra Sendero Luminoso justificó recursos extraordinarios, compras reservadas y amplios márgenes de discrecionalidad para mandos militares y organismos de inteligencia.
Muchas de esas herramientas eran necesarias para enfrentar al terrorismo.
Pero también crearon espacios ideales para la corrupción.
Donde existe dinero sin control aparece la impunidad.
Y donde existe poder sin supervisión aparecen las redes clandestinas.
Lo más inquietante es que buena parte de esa estructura excepcional sobrevivió incluso después de la derrota estratégica del terrorismo. Décadas después, especialmente en zonas como el VRAEM, continúan vigentes presupuestos extraordinarios, regímenes especiales y mecanismos heredados de aquella guerra interna.
La pregunta sigue siendo incómoda.
¿Cuánto de ese dinero fortaleció realmente la seguridad nacional y cuánto terminó financiando sistemas de corrupción, ascensos negociados y vínculos con economías ilegales?
Porque la corrupción de los noventa no se alimentó únicamente desde las oficinas de Montesinos.
También se alimentó de enormes recursos públicos que circularon durante años protegidos por el secreto y la excepcionalidad permanente.
Y entonces ocurrió uno de los episodios más vergonzosos de la historia militar peruana.
El Acta de Sujeción.
El 13 de marzo de 1999 cientos de generales y almirantes firmaron un documento de respaldo político al régimen Fujimori-Montesinos. Aquella ceremonia terminó simbolizando la subordinación institucional de las Fuerzas Armadas frente al poder político y frente a un ex capitán expulsado del propio Ejército.
La tragedia no consistió solamente en obedecer.
Los militares obedecen por naturaleza institucional.
La tragedia consistió en haber reemplazado el criterio por la obediencia ciega.
La conciencia por la carrera.
El honor por el ascenso.
Poco después aparecerían los “vladivideos”. Y el país descubriría que congresistas, empresarios, jueces, periodistas y oficiales podían ser comprados como parte de una maquinaria perfectamente organizada.
Mientras tanto, casos como Barrios Altos y La Cantuta revelaban otra deformación todavía más peligrosa: algunos sectores del aparato estatal habían comenzado a creer que combatir el terrorismo justificaba actuar fuera de la ley.
No todos participaron.
Miles de soldados murieron convencidos de defender al Perú. Muchos oficiales combatieron honestamente contra Sendero Luminoso en condiciones extremas. Los héroes del Cenepa pertenecen también a esa historia militar.
Y quizá allí reside la contradicción más dolorosa.
Los hombres que entregaron su vida por la patria pertenecían a la misma institución que años después terminó arrodillándose ante Montesinos.
Porque el problema nunca fue solamente la existencia de militares corruptos.
Todas las instituciones los tienen.
El verdadero problema apareció cuando demasiados hombres honestos eligieron callar.
Y resulta casi una ironía histórica que todo esto pueda recordarse precisamente un 7 de junio.
La fecha en que el Perú conmemora la Batalla de Arica.
El día de Francisco Bolognesi.
El día del “hasta quemar el último cartucho”.
Y quizá allí aparece la pregunta más incómoda de toda la historia republicana peruana.
¿Qué pensaría Bolognesi observando el Acta de Sujeción?
¿Qué pensaría un militar formado bajo la idea del sacrificio absoluto por la patria al ver generales firmando obediencia política frente a Montesinos?
Porque el drama peruano no consiste solamente en haber tenido corrupción.
Muchos países la tuvieron.
El verdadero drama consiste en haber pasado, en apenas un siglo, del último cartucho al último soborno.
De Arica a los vladivideos.
De Bolognesi a Montesinos.
Y probablemente esa distancia moral sea mucho más dolorosa que cualquier derrota militar registrada en los libros de historia.
Hoy, 7 de junio, el Perú vuelve a recordar el honor militar.
Pero la historia tiene una costumbre peligrosa: reaparece cuando las sociedades creen haberla olvidado.
Y quizá la pregunta final no sea qué ocurrió en los años noventa. La verdadera pregunta es otra. Si mañana apareciera otro Fujimori… ¿Cuántos volverían a firmar?
